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Las evaluaciones, cuando existían, las realizaban las instituciones responsables de los programas, en áreas de evaluación internas, y eran para uso exclusivo de las mismas. -
La "ley de oportunidad económica", otorgó al poder legislativo, un poder creciente en las diversas áreas de la evaluación de las políticas públicas. A partir de entonces, el trabajo de evaluación se institucionalizó definitivamente en el sistema político administrativo estadunidense. -
El Ministerio de Finanzas tiene atribuciones legales para pedir evaluaciones a algunos programas sectoriales aplicados
por otros ministerios, pero recurre a éstas esporádicamente. -
Las evaluaciones tienen un soporte legal (Ley del Auditor General). El auditor general, que responde ante el Parlamento, ha servido de impulsor de la evaluación a programas públicos. -
Se implementa el procedimiento llamado Reconsideraciones, esta iniciativa estaba destinada a reducir el déficit fiscal y a dictar claras instrucciones obligatorias para todos los departamentos administrativos. -
El Comité de las Cuentas Públicas (Public Accounts committee),Tiene la facultad de pedir cuentas a los responsables
de cualquier programa gubernamental; pueden inclusive instrumentar la función de evaluación al controlar
ex post el desempeño económico, la eficiencia y la efectividad de
los programas. -
La Asamblea Nacional creó la Comisión para el Análisis de Estrategias Científicas Y Tecnológicas, se integró la idea de evaluar sistemáticamente la instrumentación de políticas. El naciente interés en la evaluación lo constituyó la cada vez mayor limitación presupuestaria. -
Se hizo obligatoria la entrega de informes sobre actividades
gubernamentales, entre los que se consideraron criterios ligados a la evaluación. -
Se estableció un organismo de investigadores por iniciativa del
Departamento de Justicia (rango ministerial); en 1989, se creó un programa nacional de investigación para optimizar los recursos públicos. -
Se participó por primera vez en una evaluación estandarizada internacional del desempeño lingüístico y matemático de los estudiantes en educación básica (TIMSS 1995), donde el sistema educativo nacional quedó entre los últimos lugares. -
Esta evaluación fue contemplada en el diseño original del programa y ha sido implementada por instituciones y equipos de investigadores expertos e independientes, nacionales e internacionales. -
Es responsable de coordinar las evaluaciones de educación básica y desarrollo social. se ha traducido en la generación y publicación de un número amplio de evaluaciones nacionales, y su análisis. Sin embargo, éstos se han limitado a resultados agregados por entidad federativa y tipos de escuela. -
Responsable de la medición de la pobreza, ha intentado formular una metodología y términos de referencia comunes para lograr evaluaciones consistentes y comparables. Éstas incluyen evaluaciones multianuales de impacto, así como evaluaciones anuales de consistencia y resultados, y de diseño. -
El objetivo es producir información de calidad y objetiva que sirva para tomar mejores decisiones en política pública y para que el ciudadano cuente con instrumentos que apoyen la rendición de cuentas y la vigilancia del quehacer gubernamental. -
Tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos
públicos federales. -
Mide los aprendizajes que los alumnos han construido con el apoyo de sus maestros. Permite evaluar tanto al alumno como las instituciones educativas y comparar su desempeño. -
Tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto del gasto social público. -
Garantiza una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto
público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico.