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Desde el origen de los sistemas nacionales de educación, salud y seguridad social, hasta hace una década, las evaluaciones, cuando existían (principalmente a partir de los años sesenta y setenta), las realizaban las instituciones responsables de los programas, en áreas de evaluación internas, y eran para uso exclusivo de las mismas.
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Ello se concretó a través de la "Ley de Oportunidad Económica", la cual otorgó al poder legislativo un poder creciente en las diversas áreas de la evaluación de las políticas públicas.
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Lo gobiernos socialdemócratas hicieron esfuerzos por intervenir mas activamente en la vida social y económica (auge del Estado benefactor), con lo cual incrementaron de manera significativa los recursos destinados al uso de ciencias sociales para el control de efectos de la acción gubernamental.
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Canadá cuenta con un procedimiento de evaluación que se integra totalmente al ciclo de políticas públicas el cual fue definido en dos documentos que constituyeron desde entonces la guía para evaluaciones de los programas del gobierno.
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Dentro del parlamento, el comité de las Cuentas Públicas, dotado de la oficina Nacional de Auditoría, tiene la facultad de pedir cuentas a los responsables de cualquier programa gubernamental.
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La Asamblea Nacional creó la Comisión para el Análisis de Estrategias Científicas y Tecnológicas, y a partir del Noveno Plan Nacional, se integró la idea de evaluar sistemáticamente la instrumentación de políticas.
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Cuenta con mecanismos de revisión que sirven para informar a los funcionarios sobre el desempeño de sus programas.
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El Parlamento hizo obligatoria la entrega de informes sobre actividades gubernamentales, entre los que se consideraron criterios ligados a la evaluación.
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México participó por primera vez en una evaluación estandarizada internacional del desempeño lingüístico y matemático de los estudiantes en educación básica
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Un parteaguas en la historia de la evaluación en México fue sin duda alguna la ambiciosa evaluación de impacto del Programa de Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA (1997-2000), hoy Oportunidades.
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La tercera fase en la consolidación de la evaluación de las políticas públicas en México fue la creación de dos instituciones técnicas de evaluación independientes: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) , y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), responsables de coordinar las evaluaciones de educación básica y desarrollo social y la medición de la pobreza.
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Una evaluación censal, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), haciendo disponibles los resultados a nivel de escuela y aun alumno.
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La fase más reciente en la historia de la evaluación en México ha sido la creación de un marco normativo e institucional para vincular el anterior sistema de evaluación y monitoreo (E&M) con el proceso presupuestario, bajo el concepto de “presupuesto basado en resultados” (PbR), y su componente principal, un sistema de evaluación del desempeño (SED).