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La violencia bipartidista provocó la destrucción y el cierre de escuelas en zonas rurales y un aumento significativo en la deserción escolar debido al desplazamiento forzado. La educación fue utilizada como herramienta política: Laureano Gómez impuso un estricto control y adoctrinamiento religioso. El decenio vio un avance significativo con la aprobación del voto para la mujer en 1954, un hito que permitió una mayor participación femenina en la vida pública y educativa. -
Conflicto entre liberales y conservadores. Este periodo comenzó con el Bogotazo en 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La situación se agravó con el gobierno autoritario de Laureano Gómez (1950-1953). En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en un golpe de Estado, iniciando una dictadura. Finalmente, el descontento generalizado forzó la renuncia de Rojas Pinilla en 1957. -
Establece la educación como un derecho humano universal. Sus principios de igualdad y no discriminación garantizan que nadie sea excluido. Además, promueve que la educación fomente el desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, creando entornos inclusivos que valoren la diversidad. -
En este decenio no se generó legislación específica directamente relacionada con la educación inclusiva en Colombia, ya que la legislación de la época se centraba en la educación formal masiva, sin abordar la diversidad. La tendencia de este período era ofrecer servicios segregados para los limitados visuales y auditivos, con un carácter más de tipo médico asistencial que educativo y laboral. Aparecen el INCI y el INSOR.
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Este periodo se inició con la presidencia de Alberto Lleras Camargo, quien consolidó un pacto de alternancia en el poder entre liberales y conservadores, poniendo fin a "La Violencia" bipartidista. Sin embargo, la exclusión de otras fuerzas políticas y la persistente desigualdad social propiciaron el surgimiento de guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN en 1964. -
Colombia no desarrolló legislación específica sobre educación inclusiva, ya que el enfoque del Estado era la expansión masiva de la educación formal. La atención a poblaciones especiales, como las personas con discapacidad, se manejó a través de un modelo segregacionista. Se crearon instituciones como la Unidad Central de Educación Especial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que promovieron la atención en centros de educación especial paralelos al sistema educativo regular.
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Asegura la educación como un derecho humano fundamental y prohíbe toda discriminación, garantizando el acceso y la plena participación de todos. Impulsa la igualdad de oportunidades y acceso a todos los niveles educativos y vela por estándares de calidad equitativos. Además, promueve el desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, favoreciendo la flexibilidad educativa, la formación docente sin sesgos y la protección de las minorías. -
Modernización educativa enfocada en la planificación técnica y la expansión de la cobertura. La educación primaria y secundaria se organizó en torno a una planificación detallada, desde la conceptualización de planes de estudio hasta la enseñanza en el aula. Se buscó legislar los currículos y reformar la enseñanza de las ciencias. El principal logro fue el aumento de la cobertura escolar, haciendo posible la expansión de la escuela a un mayor número de estudiantes. -
La educación en Colombia se modernizó y expandió bajo un enfoque técnico y de cobertura, no de inclusión. El Decreto 088 de 1976 fue la normativa clave, reorganizando el sistema de educación básica y media, se incluyo la educación preescolar. El modelo de atención para personas con discapacidad siguió siendo segregado, en centros especializados. La educación superior experimentó reformas para fortalecer la investigación y la docencia.
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Controvertida victoria de Misael Pastrana en las elecciones de 1970, que la oposición denunció como fraude. Este descontento fue el detonante para el surgimiento de nuevas guerrillas, como el M-19 en 1974. Hacia el final del periodo, Julio César Turbay Ayala reaccionó a la creciente subversión con el represivo Estatuto de Seguridad de 1978, lo que generó amplias críticas por violaciones a los derechos humanos. -
No hubieron declaraciones internacionales relacionadas con la atención a la diversidad.
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Se crearon centros para alumnos sobresalientes, como la Fundación Humboldt. Instituciones como el INCI e INSOR, pasaron del sector salud al educativo. En 1974 se lanzó el Programa de Aulas Especiales para atender a niños con dificultades de aprendizaje y retraso mental en escuelas regulares. Para 1976, la educación especial se había integrado al sistema educativo. La educación rural e indígena y el programa de Escuela Nueva se implementan desde 1975, inspirados en la UNESCO.
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Aumento de la violencia por el conflicto con las guerrillas y el narcotráfico. El gobierno Turbay continuó con el Estatuto de Seguridad, mientras que su sucesor, Betancur, buscó la paz a través de acuerdos. Sin embargo, la violencia escaló con eventos como la Toma del Palacio de Justicia en 1985 y el ascenso de los carteles de la droga, que asesinaron a figuras públicas. El periodo vio un avance democrático con la elección popular de alcaldes que descentralizó el poder democrático.
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Marco legal para el currículo del nivel preescolar, básico, medio vocacional e intermedio en Colombia. Los fines de la educación incluían el desarrollo equilibrado del individuo, el fomento de la salud, la promoción de la participación social, el aprecio por el trabajo y la capacidad crítica y científica. Se ordenó la diversificación de la educación media vocacional en Ciencias, Tecnología y Arte. También se enfatizó la necesidad de que los planteles oficiales funcionaran ambos sexos.
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Durante el periodo no hubo declaraciones o políticas internacionales sobre educación. Las declaraciones se centraron en la Salud, como la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata (1978) y la conferencia de Adelaida (1988)
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La legislación colombiana sobre educación e inclusión era aún incipiente. El Decreto 2358 de 1981 marcó un hito al crear el Sistema Nacional de Rehabilitación. Este sistema buscó coordinar e integrar los sectores de salud, trabajo, justicia y educación, sentando las bases para una visión más completa de la discapacidad. El enfoque en la rehabilitación integral de este decreto impulsó indirectamente la necesidad de adaptar los servicios educativos para personas con discapacidad.
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Agitación política y social, dominada por la guerra contra el narcotráfico que cobró la vida de figuras como Luis Carlos Galán y culminó con la muerte de Pablo Escobar. Un movimiento estudiantil impulsó la Constitución de 1991, que transformó el Estado colombiano. Durante este mismo periodo, el gobierno logró procesos de paz con guerrillas como el M-19, aunque la violencia persistió. El gobierno de Ernesto Samper fue sacudido por el escándalo del Proceso 8.000, una profunda crisis de corrupción.
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La Convención sobre los Derechos del Niño es crucial para la educación inclusiva porque garantiza el derecho a la educación universal y sin discriminación para cada niño. Promueve el pleno desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, fomentando la tolerancia y la diversidad en los entornos educativos.
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Afirma la educación como un derecho universal y esencial para todos. Enfatiza combatir las desigualdades y la discriminación, priorizando el acceso equitativo de personas con discapacidad y asegurando que la educación se centre en resultados de aprendizaje efectivos para cada individuo.
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Se sentaron las bases para un modelo inclusivo. El hito principal fue la Constitución de 1991, marco para la Ley General de Educación, que por primera vez incluyó la educación para personas con "limitaciones o capacidades excepcionales", y para el Decreto 2082 de 1996, que reglamentó la atención educativa a personas con "necesidades educativas especiales". El gobierno de César Gaviria impulsó la "Revolución Educativa" para modernizar el sistema y mejorar su calidad y cobertura.
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Ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su identidad cultural y lingüística.
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Sus principios y artículos son la base legal para garantizar la educación inclusiva. Los Artículos 1, 13, 67, 27, 68, 7, 70, 47 y 49 establecen la dignidad e igualdad de todos, consagra la educación como derecho fundamental y servicio público accesible (eliminando barreras y brindando apoyos), garantiza la libertad de enseñanza y aprendizaje, protege la diversidad cultural con currículos inclusivos, y fundamenta políticas de apoyo para personas con discapacidad.
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Ley de comunidades negras, Reconoce y garantiza los derechos de las comunidades afrocolombianas, incluyendo el derecho a una educación que respete su cultura y tradiciones.
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Establece el derecho a una educación integral y sin discriminación. La norma promueve la equidad a través de adaptaciones pedagógicas para diversas poblaciones. Además, fomenta la inclusión de estudiantes en aulas regulares con el apoyo necesario, impulsando la participación comunitaria. Su enfoque está orientado a formar en el respeto por los derechos humanos, la paz y la diversidad, en línea con los principios de la educación inclusiva.
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Establece el principio de que todos los niños, sin excepción, deben ser educados en escuelas ordinarias, combatiendo la discriminación y construyendo sociedades inclusivas. Promueve una pedagogía centrada en el niño que atienda las diversas necesidades de aprendizaje, incluyendo las de aquellos con discapacidades, y enfatiza la formación docente para equipar a los educadores con las habilidades necesarias para una enseñanza inclusiva.
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Regula la etnoeducación para los grupos étnicos, promoviendo currículos propios y el uso de lenguas vernáculas.
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Enfocado en la atención educativa de personas con limitaciones. Formalizó la integración de esta población al sistema educativo público, promoviendo su incorporación a los servicios regulares con los apoyos pedagógicos y tecnológicos que necesiten. Además, impulsó la creación de aulas de apoyo especializadas y unidades de atención integral en las instituciones, así como la adaptación de los currículos para satisfacer sus necesidades particulares.