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El decenio 1948-1957 se caracterizo por el conflicto entre liberales y conservadores. Este periodo comenzó con el Bogotazo en 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La situación se agravó con el gobierno autoritario de Laureano Gómez (1950-1953). En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en un golpe de Estado, iniciando una dictadura. Finalmente, el descontento generalizado forzó la renuncia de Rojas Pinilla en 1957. -
La violencia provocó la destrucción y el cierre de escuelas en zonas rurales y un aumento en la deserción escolar debido al desplazamiento forzado. La educación fue utilizada como herramienta política, usada para controlar y para el adoctrinamiento religioso. La aprobación del voto para la mujer en 1954, permitió una mayor participación femenina en la vida pública y educativa. La Inclusión no existía, se apelaba a la segregación y asistencia de discapacitados intelectuales y físicos severos. -
Establece la educación como un derecho humano universal. Sus principios de igualdad y no discriminación garantizan que nadie sea excluido. Además, promueve que la educación fomente el desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, creando entornos inclusivos que valoren la diversidad. -
En este decenio no se generó legislación específica directamente relacionada con la educación inclusiva en Colombia, ya que la legislación de la época se centraba en la educación formal masiva, sin abordar la diversidad. La tendencia de este período era ofrecer servicios segregados para los limitados visuales y auditivos, con un carácter más de tipo médico asistencial que educativo. Aparecen el INCI y el INSOR.
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Este decenio de 1958 a 1967 inició con la presidencia de Alberto Lleras Camargo, quien consolidó un pacto de alternancia en el poder entre liberales y conservadores, poniendo fin a "La Violencia" bipartidista. Sin embargo, la exclusión de otras fuerzas políticas y la persistente desigualdad social propiciaron el surgimiento de guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN en 1964. -
Modernización educativa enfocada en la planificación técnica y la expansión de la cobertura. Se buscó legislar los currículos y reformar la enseñanza de las ciencias. La población con discapacidad no era parte del sistema educativo, se atendía de forma paralela en otros espacios. -
Colombia no desarrolló legislación específica sobre educación inclusiva, ya que el enfoque del Estado era la expansión masiva de la educación formal. La atención a poblaciones especiales, como las personas con discapacidad, se manejó a través de un modelo segregacionista. Se crearon instituciones como la Unidad Central de Educación Especial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que promovieron la atención en centros de educación especial paralelos al sistema educativo regular.
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Asegura la educación como un derecho humano fundamental y prohíbe toda discriminación, garantizando el acceso y la plena participación de todos. Impulsa la igualdad de oportunidades y acceso a todos los niveles educativos y vela por estándares de calidad equitativos. Además, promueve el desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, favoreciendo la flexibilidad educativa, la formación docente sin sesgos y la protección de las minorías. -
El decenio 1968-1977 contó con la controvertida victoria de Misael Pastrana en las elecciones de 1970, que la oposición denunció como fraude. Este descontento fue el detonante para el surgimiento de nuevas guerrillas, como el M-19 en 1974. Hacia el final del periodo, Julio César Turbay Ayala reaccionó a la creciente subversión con el represivo Estatuto de Seguridad de 1978, lo que generó amplias críticas por violaciones a los derechos humanos. -
La educación se modernizó y expandió bajo un enfoque técnico y de cobertura, no de inclusión. El Decreto 088 de 1976 fue la normativa clave, reorganizando el sistema de educación básica y media, se incluyo la educación preescolar. El modelo de atención para personas con discapacidad paso a la integración, dado que los centros especializados pasaron a ser parte del sistema educativo. Se consideraba que las personas con discapacidad debían "adaptarse". -
Se crearon centros para alumnos sobresalientes, como la Fundación Humboldt. Instituciones como el INCI e INSOR, pasaron del sector salud al educativo. En 1974 se lanzó el Programa de Aulas Especiales para atender a niños con dificultades de aprendizaje y retraso mental en escuelas regulares. Para 1976, la educación especial se había integrado al sistema educativo. La educación rural e indígena y el programa de Escuela Nueva se implementan desde 1975, inspirados en la UNESCO. -
Declaración que indica que el "retrasado mental" tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes. -
La declaración indica que el impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, la formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social. -
El decenio 1978-1987 se caracterizó por el aumento de la violencia por el conflicto con las guerrillas y el narcotráfico. Aunque el gobierno de Turbay continuó con el Estatuto de Seguridad, su sucesor, Betancur, buscó la paz a través de acuerdos. Sin embargo, la violencia escaló con eventos como la Toma del Palacio de Justicia y el ascenso de los carteles de la droga. El periodo vio un avance democrático con la elección popular de alcaldes que descentralizó el poder democrático. -
Marco legal para el currículo del nivel preescolar, básico, medio vocacional e intermedio en Colombia. Los fines de la educación incluían el desarrollo equilibrado del individuo, el fomento de la salud, la promoción de la participación social, el aprecio por el trabajo y la capacidad crítica y científica. Se ordenó la diversificación de la educación media vocacional en Ciencias, Tecnología y Arte. También se enfatizó la necesidad de que los planteles oficiales funcionaran ambos sexos. -
Durante el periodo no hubo declaraciones o políticas internacionales sobre educación. Las declaraciones se centraron en la Salud, como la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata (1978) y la conferencia de Adelaida (1988). -
La legislación colombiana sobre educación e inclusión era aún incipiente. El Decreto 2358 de 1981 marcó un hito al crear el Sistema Nacional de Rehabilitación. Este sistema buscó coordinar e integrar los sectores de salud, trabajo, justicia y educación, sentando las bases para una visión más completa de la discapacidad. El enfoque en la rehabilitación integral de este decreto impulsó indirectamente la necesidad de adaptar los servicios educativos para personas con discapacidad. -
El decenio 1988-1997 se caracterizó por la agitación política y social, dominada por la guerra contra el narcotráfico que cobró la vida de figuras como Luis Carlos Galán y culminó con la muerte de Pablo Escobar. Un movimiento estudiantil impulsó la Constitución de 1991, que transformó el Estado colombiano. Durante este mismo periodo, el gobierno logró procesos de paz con guerrillas como el M-19, aunque la violencia persistió. -
La Convención sobre los Derechos del Niño es crucial para la educación inclusiva porque garantiza el derecho a la educación universal y sin discriminación para cada niño. Promueve el pleno desarrollo personal y el respeto a los derechos humanos, fomentando la tolerancia y la diversidad en los entornos educativos. -
En este decenio se sentaron las bases para un modelo inclusivo. La Constitución de 1991, fue el marco para la Ley de Educación, que por primera vez incluyó la educación para personas con "limitaciones o capacidades excepcionales", y para el Decreto 2082 de 1996, que reglamentó la atención educativa a personas con "necesidades educativas especiales". Se pasa a un modelo de inclusión que no solo contempla la discapacidad sino también las minorías. -
Afirma la educación como un derecho universal y esencial para todos. Enfatiza combatir las desigualdades y la discriminación, priorizando el acceso equitativo de personas con discapacidad y asegurando que la educación se centre en resultados de aprendizaje efectivos para cada individuo. -
Ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su identidad cultural y lingüística. -
Sus principios y artículos son la base legal para garantizar la educación inclusiva. Los Artículos 1, 13, 67, 27, 68, 7, 70, 47 y 49 establecen la dignidad e igualdad de todos, consagra la educación como derecho fundamental y servicio público accesible (eliminando barreras y brindando apoyos), garantiza la libertad de enseñanza y aprendizaje, protege la diversidad cultural con currículos inclusivos, y fundamenta políticas de apoyo para personas con discapacidad. -
Ley de comunidades negras, Reconoce y garantiza los derechos de las comunidades afrocolombianas, incluyendo el derecho a una educación que respete su cultura y tradiciones. -
Establece el derecho a una educación integral y sin discriminación. La norma promueve la equidad a través de adaptaciones pedagógicas para diversas poblaciones. Además, fomenta la inclusión de estudiantes en aulas regulares con el apoyo necesario, impulsando la participación comunitaria. Su enfoque está orientado a formar en el respeto por los derechos humanos, la paz y la diversidad, en línea con los principios de la educación inclusiva. -
Establece el principio de que todos los niños, sin excepción, deben ser educados en escuelas ordinarias, combatiendo la discriminación y construyendo sociedades inclusivas. Promueve una pedagogía centrada en el niño que atienda las diversas necesidades de aprendizaje, incluyendo las de aquellos con discapacidades, y enfatiza la formación docente para equipar a los educadores con las habilidades necesarias para una enseñanza inclusiva. -
Regula la etnoeducación para los grupos étnicos, promoviendo currículos propios y el uso de lenguas vernáculas. -
Enfocado en la atención educativa de personas con limitaciones. Formalizó la integración de esta población al sistema educativo público, promoviendo su incorporación a los servicios regulares con los apoyos pedagógicos y tecnológicos que necesiten. Además, impulsó la creación de aulas de apoyo especializadas y unidades de atención integral en las instituciones, así como la adaptación de los currículos para satisfacer sus necesidades particulares. -
Ratifica el deber del Estado de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, sin discriminación, para las personas con discapacidad. Promueve la integración de estudiantes con discapacidad en las aulas regulares, adoptando las acciones pedagógicas necesarias para su éxito. -
En el decenio 1998-2007 se intensificó el conflicto armado, hubo un nuevo intento de paz fallido, dado que el gobierno de Pastrana fracasó en su intento de negociar la paz con las FARC, reanudando las hostilidades. Posteriormente, Uribe implementó la Seguridad Democrática, que logró la desmovilización de las AUC, pero fue objeto de controversia por violaciones a los derechos humanos y vínculos de congresistas con paramilitares (parapolítica). -
La política educativa estuvo enfocada en la cobertura, la equidad y la calidad. Se transita a la educación Inclusiva, donde se acoge a Personas con discapacidad, talentos o capacidades excepcionales, comunidades étnicas, culturales diversas, Población migrante, desplazada, comunidad LGTBIQ+, vulnerabilidad social o económica. -
Estableció la obligación para las instituciones educativas que atienden a niños sordos de incluir modelos lingüísticos, es decir, personas sordas adultas usuarias de la lengua de señas colombiana.
Promovió la adquisición temprana de la lengua de señas como lengua natural, facilitando el desarrollo de las competencias comunicativas bilingües en la población infantil sorda y sentando un precedente para la inclusión de la diversidad lingüística en el sistema educativo. -
Compromiso del Estado de prevenir y eliminar toda forma de discriminación, sentando las bases para que las personas con discapacidad se integren plenamente en la sociedad y, por ende, en el sistema educativo. La ley reconoce que la discapacidad es una limitación de la persona, influenciada por su entorno social, y promueve la integración total como un objetivo clave. -
Establece los parámetros para el servicio educativo de personas con necesidades educativas especiales. Sus principales aportes a la educación inclusiva se centran en la organización del servicio por parte de las secretarías de educación, con la opción de establecer Unidades de Atención Integral (UAI). Promueve la integración académica y social de estos estudiantes en la educación formal y exige que las instituciones que los atiendan cuenten con apoyo docente especializado. -
Su Artículo 24 es central para la educación inclusiva, al establecer el derecho de las personas con discapacidad a un sistema de educación inclusivo, de calidad y gratuito, con los apoyos necesarios. Sus principios de ajustes razonables y diseño universal son aplicables a otras diversidades. -
El decenio 2008 - 2017 dio continuidad a la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y la revelación de escándalos como el de los "falsos positivos". El siguiente gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) lideró un proceso de paz con las FARC que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Aunque este acuerdo fue rechazado en un plebiscito, una versión renegociada fue finalmente ratificada en el Congreso. -
Consolidación legal de la inclusión y debate sobre la calidad del sistema. La Ley 1618 de 2013 fue un hito al buscar garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Fue complementada por el Decreto 1421 de 2017, fundamental para la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad en un ambiente regular, con los apoyos y ajustes razonables necesarios. -
Asiste a los países en el fortalecimiento del enfoque de inclusión en sus estrategias y planes educativos, promoviendo la inclusión como un principio rector de la reforma educativa. La atención debe abarcar a todos los estudiantes, respetando su diversidad, necesidades, preferencias y habilidades incluyendo a las comunidades y las familias. La educación inclusiva no solo abarca la población en condición de discapacidad. -
Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico de estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. -
Aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), elevando sus principios a rango de ley en Colombia. -
Establece medidas de atención, asistencia y reparación integral, incluyendo garantías de acceso, permanencia y no discriminación en el sistema educativo para las víctimas del conflicto armado. -
Sistema Nacional de Convivencia Escolar que Promueve la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar, incluyendo la discriminación por motivos de género u orientación sexual. -
Consolida gran parte de la normativa educativa existente, incluyendo disposiciones sobre atención a la diversidad, etnoeducación, y educación para poblaciones vulnerables, lo que demuestra la intención de integrar la inclusión en la reglamentación general del sector. -
El ODS 4 (Educación de Calidad) y su Meta 4.5 buscan "eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad". -
Prioriza la inclusión y la equidad como pilares fundamentales, comprometiéndose a eliminar todas las formas de exclusión y asegurando que ningún objetivo educativo se considere logrado si no lo es para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Además, promueve oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y el uso de tecnologías para fortalecer los sistemas educativos. -
Reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. -
Regula la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, estableciendo herramientas como los PIAR (Plan individual de ajustes razonables) y promoviendo el DUA (Diseño universal del aprendizaje). -
El último período, 2018- 2025, contó con la presidencia de Iván Duque que estuvo marcada por el Paro Nacional (2019-2021), una serie de protestas masivas impulsadas por el descontento social. A finales de 2019, la llegada del COVID-19 impactó al país, afectando la economía y el sistema de salud. En 2022, la historia política colombiana dio un giro con la elección de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda, quien impulsó una agenda de "Paz Total" y diversas reformas. -
Masivas protestas estudiantiles por mayores recursos para la educación superior pública llevaron a un acuerdo con el gobierno de Iván Duque. Bajo su mandato, se implementó la política de matrícula cero para estudiantes de bajos estratos, una iniciativa que el gobierno de Gustavo Petro ha continuado y consolidado. La pandemia de COVID-19 aceleró la transformación digital en la educación, impulsando la modalidad virtual y a distancia. -
Busca garantizar la educación inclusiva y de calidad como base del desarrollo sostenible. Los países que la firmaron se comprometieron a mejorar sus leyes y políticas educativas para no dejar a nadie atrás. Se enfatiza la inclusión de migrantes, refugiados, personas con discapacidad, pueblos indígenas y minorías. Promueve la igualdad de género para empoderar a mujeres y niñas. Destaca la importancia de adaptar las pedagogías y los planes de estudio para controlar las desigualdades. -
Establece lineamientos para la atención educativa de la población migrante en Colombia. Esta circular, fundamentada en el derecho a la educación sin discriminación, garantiza el acceso y la permanencia de los estudiantes sin importar su condición migratoria. Flexibiliza los requisitos de documentación, permitiendo que los estudiantes sean matriculados con un Número Establecido por la Secretaría (NES), un identificador temporal para aquellos sin documentos válidos en Colombia. -
Reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Le otorga a los pueblos indígenas autonomía educativa para crear y administrar su propia educación. El SEIP se fundamenta en principios como la integralidad, cosmovisión y espiritualidad, entendiendo que el aprendizaje se vivencia en la familia, la comunidad y el territorio, con un currículo basado en la sabiduría ancestral y las lenguas nativas.