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En los sistemas nacionales de salud, seguridad social y educación realizaban las evaluaciones de manera interna los propios responsables de los programas y era de uso exclusivo para ellos mismos.
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A causa de la escasez de recursos algunos sectores de la opinión pública y los integrantes de la administración se comenzaron a interesar en los problemas de equidad de la acción pública, la rentabilidad, la eficiencia y la calidad de los servicios.
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En 1995 México participo en una evaluación internacional de educación quedando en los últimos lugares, lo todavía más preocupante es que el gobierno mexicano vetó la publicación de sus propios resultados (los escondió) con la intención de “fortalecer la educación”
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Se realiza la evaluación de impacto al programa PROGRESA, fue tal su impacto de evaluación positivo que muchos programas copiaron no sólo el programa de evaluación, sino el programa PROGRESA en sí, incluyéndolo en cambios de partidos en el gobierno y de administración, ampliando su presupuesto por el éxito visto en las evaluaciones.
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Se reforma el Artículo 25 de la Ley de Ingresos y al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, obligando al Ejecutivo de presentar como va a distribuir los impuestos y los beneficios del gasto público.
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Se crea el instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, responsable de evaluar la educación básica.
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Se crea el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social para la evaluación del desarrollo social y la medición de pobreza.
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La Secretaría de Educación Pública implementa una evaluación censal, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares para identificar aquellas escuelas con rezagos importantes y poder corregir las condiciones para mejorar.
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Se realizan reformas para que los gobiernos municipales y estatales puedan aplicar el sistema de evaluación y monitoreo en el contexto presupuestal.
