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Un comando del M‑19 irrumpió en el Museo Quinta de Bolívar en Bogotá y sustrajo la espada de Simón Bolívar, símbolo del libertador. Con el acto se proclamaría la consigna: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”, un llamado simbólico a reavivar la revolución popular. La espada fue devuelta en 1991, al desmovilizarse el grupo, por Antonio Navarro Wolff.
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José Raquel Mercado, líder sindical y presidente de la CTC, fue secuestrado por el M‑19. En un comunicado, lo acusaron de “traición a la patria y al pueblo”; su cuerpo fue hallado el 19 de abril del mismo año en una glorieta de Bogotá. El hecho conmocionó y polarizó al país.
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Hugo Ferreira Neira, exministro e industrial de Indupalma, fue secuestrado para presionar por mejoras laborales. El secuestro culminó con su liberación en medio del paro cívico nacional que exigía contratación directa de miles de trabajadores.
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En una operación audaz, el M‑19 excavó un túnel desde una vivienda vecina hacia el Cantón Norte, sede militar en Usaquén, y sustrajo más de 5.000 armas, incluidos ejemplares históricos como fusiles de Camilo Torres. La acción fue una humillación simbólica y logística al Ejército.
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En la "Operación Libertad y Democracia", guerrilleros del M‑19 tomaron la Embajada de República Dominicana en Bogotá durante una recepción diplomática, secuestrando a 14 embajadores. Tras 57 días de cautiverio, rehenes y guerrilleros fueron enviados a Cuba; los diplomáticos fueron liberados.
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El M‑19 realizó su primer ataque urbano a una capital departamental, asaltando Mocoa. Bajo la conducción de Jaime Bateman Cayón, la operación buscó visibilizar su poder militar y capacidad insurgente en zonas rurales periféricas.
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En acto simbólico, dispararon morteros artesanales contra la residencia presidencial. Aunque sin víctimas, el ataque representó una declaración directa de guerra al centro del poder estatal.
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El M‑19 entabló operaciones logísticas: secuestraron un avión Boeing 727 de Aerotal en enero de 1982 y enfrentaron el hundimiento del ‘Karina’, un barco contrabandista de armas, evidenciando su alcance marítimo y aéreo.
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Un comando del M‑19 secuestró el Boeing 727 (matrícula HK‑2637‑X) de la aerolínea Aerotal durante su trayecto Bogotá–Pereira. Tras exigir la presencia de figuras mediáticas y denunciar la restrictiva amnistía del gobierno de Turbay, el avión fue obligado a aterrizar en Cali. Luego de liberar a mujeres y niños, los 85 rehenes restantes fueron trasladados a la isla de San Andrés, y los guerrilleros partieron hacia Cuba.
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En plena negociación con el gobierno, el M‑19 organizó una masiva movilización en Bogotá para exigir justicia y reformas democráticas, como parte de su transición desde la lucha armada hacia la vía política.
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Después de robar y repartir leche en los barrios populares, militantes del M‑19 fueron asesinados extrajudicialmente por fuerzas estatales en el suroriente de Bogotá. La CIDH catalogó el hecho como ejecución extrajudicial de 11 personas, incluido un civil.
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El M‑19 expandió su ofensiva armada hacia el oeste del país, atacando el Batallón Cisneros en Armenia (Quindío) y protagonizando combate en Valle del Cauca, Cauca y Tolima, en respuesta a la ruptura del diálogo.
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En la llamada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, 28 guerrilleros del M‑19 asaltaron y tomaron como rehenes a cerca de 350 personas, incluidos magistrados. Tras un operativo de retoma militar-policial de 28 horas, murieron 101 personas y varios siguen desaparecidos. La planificación estuvo en manos de Álvaro Fayad y Luis Otero.
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Tras la muerte de líderes como Jaime Bateman, Carlos Pizarro Leongómez se convierte en comandante máximo del M‑19. Bajo su conducción, el grupo reorientó su estrategia hacia la paz y la política legal.
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Según fuentes oficiales y testimonios históricos, esta decisión fue motivada por el creciente hostigamiento político y el asesinato selectivo de militantes, lo que llevó al movimiento a considerar que el alto el fuego ya no se estaba respetando. Ese mismo día empezaron acciones violentas, incluyendo el ataque a la población de Génova, en el departamento de Quindío, que dejó al menos 22 víctimas entre policías, militares y civiles.
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Durante el gobierno de Virgilio Barco, tras 14 meses de negociaciones, se firmó el primer acuerdo de paz entre el Estado colombiano y una guerrilla en América Latina. El M‑19 aceptó desmovilizarse y la sociedad protegió su reincorporación política, respaldada por la Internacional Socialista.
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Apenas mes y medio después del acuerdo, Pizarro –que ya era candidato presidencial– fue asesinado por un sicario en un avión que lo llevaba a un mitin en Barranquilla, truncando su proyecto político.
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En las elecciones tras la constituyente, el partido AD‑M19 obtuvo 9 senadores y 12 representantes. Sin embargo, tras 1994 perdió relevancia electoral y desapareció como fuerza política a fines de la década.
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La AD‑M19 participó activamente en la Asamblea Constituyente. Antonio Navarro fue uno de los tres copresidentes, junto a figuras de diferentes partidos. La nueva Constitución incluyó democracia participativa y mayor pluralidad política.
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Gustavo Petro, exmilitante del M‑19, fue elegido presidente en 2022. Ha reivindicado símbolos como la espada y la bandera del movimiento, integrando exguerrilleros en su gabinete. Aunque este legado ideológico generó debatidas polémicas, su peso político ha disminuido frente a crisis internas.