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El conflicto ambiental de El Cerrejón comenzó en 1976, cuando el gobierno colombiano y la multinacional ExxonMobil firmaron un contrato para explorar y explotar carbón en La Guajira, una zona desértica con comunidades indígenas ancestrales como el pueblo Wayuu. En 1983, inició oficialmente la explotación del yacimiento mediante minería a cielo abierto, una técnica que implica la remoción de grandes volúmenes de suelo, deforestación, contaminación del aire, el agua Y ecosistemas únicos.
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Están involucradas las empresas Exxon (hasta 2002) y Glencore (actual operadora), el Estado colombiano, la Corte Constitucional, la CIDH, organizaciones ambientales y comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinas. Mientras las empresas y el gobierno priorizan la economía, las comunidades sufren las consecuencias. Organismos internacionales han intervenido exigiendo respeto a los derechos humanos y ambientales.
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Desde que inició su operación en 1983, El Cerrejón ha provocado contaminación del aire, ríos y suelo. La extracción masiva de carbón exige desviar arroyos, usar millones de litros de agua al día y destruir ecosistemas del bosque seco tropical. Las comunidades indígenas y campesinas fueron excluidas de decisiones clave. No se aplicaron consultas previas, y los efectos en salud, territorio y alimentación han sido devastadores, aumentando la pobreza y vulnerabilidad social.
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La minería ha contaminado ríos, suelos y aire; ha reducido la biodiversidad y afectado especies únicas del bosque seco tropical. Las explosiones, el polvo y el ruido han hecho inhabitable el territorio para muchas familias. Socialmente, se han registrado desplazamientos, enfermedades respiratorias, desnutrición infantil y pérdida de tradiciones Wayuu, afectando su salud física y cultural.
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Investigadores de universidades y ONGs ambientales identifican mercurio, plomo y arsénico en arroyos cercanos a la mina. El informe advierte sobre riesgos para la salud, como problemas neurológicos y cáncer, además de daños a peces y pérdida de biodiversidad acuática. Aunque la empresa negó responsabilidad, estos datos se convirtieron en un precedente clave para posteriores demandas y campañas internacionales contra la operación minera.
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El gobierno ha entregado licencias ambientales a El Cerrejón desde 2001, muchas sin consulta previa a las comunidades Wayuu. En 2017, la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo Bruno, pero la empresa continuó con apoyo institucional. En 2021, la CIDH exigió medidas para proteger a las comunidades por la falta de agua y salud. Sin embargo, el Estado ha fallado en vigilar, restaurar o compensar el daño. La minería sigue siendo prioridad sobre la justicia ambiental.
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La operación minera se expande hacia las comunidades de Patilla y Chancleta, en el municipio de Barrancas, provocando el desplazamiento de familias campesinas y afrodescendientes. Las tierras productivas se pierden y los pozos artesanales se secan por alteraciones en el flujo hídrico. Se denuncian incumplimientos en la consulta previa, tensiones sociales y un incremento en la inseguridad alimentaria por la desaparición de huertas y ganado. Varias familias demandan exigiendo reparaciones.
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El agua es el recurso más afectado. Desde junio de 2006, El Cerrejón ha desviado y secado arroyos como el Bruno y el Piritu, dejando a las comunidades sin agua limpia. Además, el aire se contamina por polvo de carbón y gases de maquinaria. El suelo ha perdido fertilidad. Todo esto ha dañado gravemente el ecosistema del bosque seco tropical, uno de los más amenazados de Colombia y el mundo.
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La Defensoría del Pueblo publica un extenso informe documentando un aumento de afecciones respiratorias, irritación ocular y enfermedades de la piel en comunidades Wayuu, campesinas y afrodescendientes cercanas a la mina. Se concluye que el polvo de carbón y las partículas PM10 y PM2.5 liberadas durante la explotación y transporte son factores determinantes. El documento exige medidas urgentes para reducir emisiones y garantizar atención médica especializada.
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El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, John Knox, visitó La Guajira y concluyó que las operaciones de El Cerrejón estaban contribuyendo a la crisis humanitaria de la región. Señaló que la contaminación del aire y el agua, junto con la pérdida de tierras cultivables, afectaban gravemente la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua de las comunidades Wayuu y afrodescendientes.
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La llegada de la pandemia profundiza la vulnerabilidad de las comunidades en La Guajira. Con restricciones de movilidad y un acceso ya limitado a agua potable, la contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras agrava la emergencia. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian que la minería intensifica la crisis hídrica, impidiendo cumplir medidas básicas de prevención como el lavado de manos. Se reactivan llamados a detener operaciones en zonas críticas.
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Hoy, en agosto de 2025, El Cerrejón continúa en operación con Glencore como única propietaria. No se ha logrado restaurar el arroyo Bruno ni compensar el daño ambiental acumulado. Las comunidades Wayuu siguen exigiendo acceso al agua, salud, y justicia. Las medidas legales están en papel, pero no se aplican. Mientras tanto, la mina sigue exportando carbón a gran escala. El conflicto sigue activo, sin una solución real que equilibre justicia ambiental y económica.