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En 1821 con el logro de la independencia se mantienen las estructuras básicas con cuatro ministerios, para 1835 se crea un quinto ministerio el Ministerio de Relaciones Interiores, inicia el proceso de diversificación del sistema Administrativo en materia de estructura y funciones.
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Con la separación entre el Estado y la Iglesia, comienza la institucionalización del gobierno obteniendo competencias en materia educativa, servicios de correos y telégrafos, y la construcción de obra pública entre otros.
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Con el gabinete del Presidente Juárez se pretende alcanzar la obra de la revolución administrativa que permitiría al país consolidar y organizar su administración: previsión, organización, orden, método, economía, moralidad y una administración de justicia fueron lo ejes rectores de esta reforma.
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La Administración Pública adquiere un carácter típicamente capitalista pues el Estado pretende el papel de actor principal de la sociedad y lo refleja en la Ley de Desarrollo.
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Con la constitución se consuman los derechos sociales como generadores de legitimidad, sobre un esquema de ejecución o financiamiento.
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Con la promulgación de la Constitución de 1917 será necesario la reforma administrativa para alcanzar los ideales revolucionarios. Se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarias y departamentos administrativos.
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Sienta las bases de la organización centralizada de gobiernos y hacer de la ley y la justicia medios fundamentales para encauzar los conflictos librados, el poder soberano es la organización política que da unidad y definición a la sociedad civil. Otra secretaria con gran auge en este periodo fue la Secretaría de Educación Pública creada en 1921.
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En el periodo de maximato, El ejecutivo federal incrementa su poderío con nuevas instituciones para el control de los grupos sociales; se establece el impuesto sobre la renta y es creada la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro. 1928 la secretaría de Hacienda es asignada como unidad autónoma para la elaboración de presupuesto.
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Para la década de los cuarenta, se cuenta con un apartado centralista con directrices claras sobre los problemas públicos más importantes (salud, educación, vivienda, entre otras). En este momento, las propuestas de reforma administrativa se concretan en comisiones internas e intersectoriales para el mejoramiento de la organización de la Administración Pública.
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Las políticas sociales, más que cumplir su anterior función redistributiva y de búsqueda de igualdad, deberán justificarse cada vez más como recursos que redunden en la economía y se legitimarán mediante su eficacia.
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La Segunda Guerra Mundial influyó en el gobierno para reorganizar las actividades de la Administración Pública a través de la Comisión. Con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia se publica la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado.
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En 1946 la Administración Pública se establece como pilar para el desarrollo del capitalismo impulsando la actividad económica y la eficiencia en el servicio público, el gobierno decide crear la Secretaría de Bienes nacionales e Inspección Administrativa.
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Con Adolfo López Mateos se introduce la Secretaría de la Presidencia para formular los objetivos y procedimientos de la planeación económica y social del país. Se reformo la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado.
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Se concentra en dictaminar la más adecuada estructura de la Administración Pública y sus posibles modificaciones; también, propone reformas a la legislación y las medidas de administración que procedan. Distribución de tareas, Sistemas y procedimientos, Administración de los recursos financieros, Coordinación Administrativa, La Estructura y funciones de la Secretarias de Estado, con este antecedente el gobierno de Echeverría partió de la creación de organismos descentralizados.
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En 1971 es creada la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyo a la CAP y queda a cargo de las actividades en materia de reforma Administrativa, se le conoce como Modernización Administrativa.
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La DGEA estuvo a cargo de la coordinación global de los trabajos de reforma administrativa y publico las Bases para el Programa de Reforma Administrativa del Poder Ejecutivo Federal, integrado por 11 programas
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La Nueva gerencia pública (NGP) permea la institucionalidad del estado, incidiendo en elementos de forma y fondo de las nuevas disposiciones legales y normativas en la Administración Pública.
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Propone tres vías de acción: la alianza para la producción, la reforma política y la reforma administrativa. Esta última deroga la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado (1958) y decreta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual tiene el primer intento sobre la regulación en materia de organización y funcionamiento de Administración Pública Federal.
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Se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, en adelante, una sola secretaría se encarga de la programación, del presupuesto y del gasto público. El Ejecutivo Federal crea la Coordinación General de Estudios Administrativos; estará a cargo de regular la reforma Administrativa. A diferencia de la DGAP y la CAP, esta coordinación forma parte de la Presidencia de la República.
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En este periodo, el papel de la sociedad civil en relación a la participación de la planeación nacional recobra importancia. De tal manera que el gobierno de Salinas de Gortarí atiende 4 vertientes: Desconcentración y Desentralización; Desreglamentación Administrativa, Agilización de trámites y Modernización integral de los sistemas de atención.
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Se decretó el Programa de Administración Pública que contiene dos grandes objetivos: Transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio, Combatir a la corrupción y la impunidad.
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Se refuerza la esencia de la Administración: mejorar la capacidad de los servidores públicos; desarrollar una eficaz y eficiente administración financiera; promover la innovación permanente e impulsar las tecnologías de la información y la comunicación.
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de la Función Pública determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución al mismo tiempo homologar el proceso y la eficiencia de la Administración Pública Federal por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de la Aplicación General.
