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  Inicia el proceso de diversificación del sistema administrativo en materia de estructura y funciones.
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  Revolución administrativa que permitiría al país consolidar y organizar su administración: previsión, organización, orden, método, economía, moralidad y una administración de justicia.
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  Creación de reglamentos interiores de las diferentes secretarías y la consolidación de la deuda pública.
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  Capitalismo: poder centralizado y unificado.
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  Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos.
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  Creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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  Creación de nuevas instituciones para el control de los grupos sociales durante el periodo denominado “Maximato”.
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  Se publica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (1946), que establece a la Administración Pública como pilar para el desarrollo del capitalismo impulsando la actividad económica y la eficiencia en el servicio público.
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  Se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (1958), en la cual se introduce la Secretaría de la Presidencia para formular los objetivos y procedimientos de la planeación económica y social del país.
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  Se crea la Comisión de Administración Pública (CAP), en 1965, que tiene como objetivos la eficiencia en el proceso de desarrollo económico y social, establecer técnicas de organización administrativa y preparación del personal gubernamental.
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  Es creada la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos
 (DGEA), que sustituyó a la CAP, y queda a cargo de las actividades en materia de reforma administrativa.
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  Se decreta el Programa de Administración Pública (1995-2000) que contiene dos grandes objetivos: a) transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio; b) combatir la corrupción y la impunidad.
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  En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública, determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución y, al mismo tiempo, homologar los procesos y la eficiencia de la Administración Pública Federal, por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de Aplicación General.
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  Se emite un acuerdo presidencial para
 eliminar las normas administrativas innecesarias y homologar la operación de los procesos de
 adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la
 información, transparencia, auditoría y control.