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Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del Tercer Estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del Tercer Estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: ésta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí
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El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores al igual que la de su hermano, el Conde D'Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas.
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Los electores habían escogido a los miembros de los Estados Generales por un periodo de un año, pero de acuerdo al Juramento del Jeu de paume, los miembros del Tercer Estado, también llamados los «comunes», acordaron no abandonar la Asamblea en tanto no se hubiera elaborado una Constitución.El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la Revolución, huyó junto con su familia de las Tullerías.
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La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia.
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La Asamblea Nacional Constituyente no era sólo un órgano legislativo sino la encargada de redactar una nueva Constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el senado sería escogido por la Corona entre los miembros propuestos por el pueblo.
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El 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera Constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la Corona.
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Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional, dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa.
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Bajo la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El rey tenía que compartir su poder con la Asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus ministros.
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El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar (por sufragio universal) un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención.
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La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes.