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La transparencia y la rendición de cuentas eran extremadamente limitadas. El acceso a la información gubernamental era restringido, y la corrupción era un problema generalizado. Existía poca o ninguna rendición de cuentas efectiva.
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Comienzan a surgir movimientos sociales que demandan mayor transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, el acceso a la información seguía siendo limitado.
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Se inicia un proceso de apertura democrática, con reformas políticas que buscan mejorar la transparencia, aunque con avances graduales y desiguales.
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Se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que posteriormente se transforma en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este representa un avance significativo en la regulación del acceso a la información pública.
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Se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Esta ley establece los principios y mecanismos para el acceso a la información gubernamental.
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Se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un esfuerzo integral para combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas. El SNA incluye la creación de órganos autónomos como el Comité Coordinador del SNA y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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Entra en vigor el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que busca integrar y coordinar los esfuerzos de transparencia a nivel federal, estatal y municipal.
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado políticas con un enfoque en la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la evaluación de su impacto en la transparencia y la rendición de cuentas es un tema de debate continuo. Se han implementado iniciativas como la creación de la Secretaría de la Función Pública y la plataforma digital "Plataforma Digital Nacional".
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La transparencia y la rendición de cuentas en México siguen siendo un proceso en desarrollo. Existen avances significativos en la legislación y la creación de instituciones, pero persisten desafíos relacionados con la implementación efectiva de las leyes, la capacidad institucional y la cultura de la transparencia. La participación ciudadana y el activismo siguen siendo cruciales para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.