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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la ONU el 16 de diciembre de 1966, establece derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, el trabajo y un nivel de vida digno. Este instrumento obliga a los Estados a garantizar estos derechos de forma progresiva, promoviendo la justicia social y el desarrollo humano.
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En 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un instrumento fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres..
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La Ley 22 de 1981 representa un hito en la lucha contra la discriminación racial en Colombia, al adoptar compromisos internacionales para promover la igualdad y el respeto por la diversidad.
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Los derechos fundamentales de los niños incluyen el derecho a la vida, la salud, la educación, el cuidado, la familia, la alimentación, la recreación y la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
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La Ley 70 de 1993 marcó un hito en el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente, garantizando su acceso a la tierra y la protección de su patrimonio ancestral. Esta norma busca preservar su identidad cultural y combatir la exclusión y discriminación histórica.
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Texto: La Ley 152 de 1994, conocida como la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, garantiza la participación de comunidades afro descendientes en el Consejo Nacional de Planeación, asegurando su inclusión en la planeación del desarrollo del país.
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La Ley 361 de 1997 garantiza la dignidad de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, educación, accesibilidad y participación plena en la sociedad.
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La Ley 387 de 1997 protege a las personas desplazadas por violencia en Colombia, garantizando su acceso a servicios básicos y apoyo integral para su recuperación e integración en nuevas comunidades.
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La Ley 2002 también busca promover la inclusión social y económica de las mujeres rurales, garantizando su acceso a recursos como tierra, créditos, educación, capacitación y tecnología, para fortalecer su autonomía y participación en el desarrollo rural sostenible.
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La Ley 206, también conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, es una normativa clave en Colombia que busca proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su objetivo principal es asegurar que crezcan en un entorno de amor, paz, armonía y protección, principalmente dentro de sus familias y comunidades.
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La Ley 2007 de 2019 en Colombia reconoce plenamente el matrimonio igualitario, otorgando a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y deberes que las parejas heterosexuales, incluyendo adopción y beneficios legales.
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La Ley 1258 de 2008 protege el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, asegurando su integridad y sancionando cualquier forma de abuso físico, psicológico o que afecte su bienestar.
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La Ley 1346 de 2009 reconoce como personas con discapacidad a quienes presentan limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que dificultan superar las barreras y obstáculos en su entorno.
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El decreto 2957 de 2010, reconoce a los gitanos que tienen su propia identidad, es decir su cultura, tiene su propia lengua y mantiene una conciencia étnica.
Este avance de reconcomiendo , les garantiza a los ROM participación e inclusión es nuestro país -
Es un conjunto de de instituciones, organizaciones de la sociedad civil que trabaja de manera armónica, en normas, procesos, planes y programas, desde el cual se deberá acompañar el diseño, ejecución, seguimiento para la calidad de vida de los colombianos en el exterior
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La Ley 1482 de 2011 busca proteger a la comunidad GLTBI de la discriminación por su orientación sexual o identidad de género, estableciendo sanciones penales para quienes agredan o discriminen.
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La Ley 1448 de 2011 busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, ofreciéndoles justicia, reparación integral y la devolución de tierras a los desplazados.
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La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene como objetivo principal reconocer y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta ley establece mecanismos para la restitución de tierras a las personas y comunidades desplazadas, permitiendo que los afectados puedan reclamar sus derechos y recuperar lo perdido durante el conflicto.
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La Ley 4633 de 2011 establece que el Estado debe proteger y garantizar el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a vivir según sus tradiciones, creencias y en sus territorios, respetando su decisión de mantenerse en ese estado y asegurar su bienestar sin ser interferidos.
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Su objetivo es defender los derechos de las personas apátridas, es decir, aquellas que no tienen nacionalidad o corren el riesgo de perderla, a menos que hayan cometido delitos graves, como crímenes contra la paz o actos en contra de los principios de las Naciones Unidas.
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La Ley 1618 de 2013 en Colombia tiene como objetivo garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, eliminando la discriminación y promoviendo su participación plena en la sociedad mediante medidas afirmativas que aseguren igualdad de derechos y oportunidades.
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En 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia SU-214, que reconoció el matrimonio igualitario como un derecho fundamental. Esta decisión garantizó que las parejas del mismo sexo pudieran casarse legalmente, fortaleciendo su igualdad de derechos y promoviendo su inclusión plena en la sociedad colombiana.
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La Ley 1955 de 2019, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo, tiene como meta principal generar igualdad de oportunidades para las comunidades vulnerables. A través de iniciativas enfocadas en emprendimiento y equidad, busca cerrar brechas sociales y mejorar las condiciones de vida, promoviendo un desarrollo más justo para todos los colombianos.
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La Sentencia T-759 de 2020, sin duda a sido unos de los logros mas importantes en la comunidades indígenas, este reconocimiento protege los derechos de los pueblos o resguardo indígenas, les garantiza el derecho a participación política y consultas en sus territorios.
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La sentencia C-055 de 2022, permite que mujeres, niñas, personas o binarias y hombres trans puedan interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel siempre y cuando no se supera las 24 semanas de gestación