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La muerte de Fernando VII en 1833 puso fin al absolutismo borbónico tradicional y abrió una crisis sucesoria entre su hija Isabel y su hermano Carlos, desencadenando la Primera Guerra Carlista. Su fallecimiento permitió la instauración del régimen liberal bajo la regencia de María Cristina.
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El reinado de Isabel II estuvo marcado por inestabilidad política, alternancia entre moderados y progresistas y varias guerras. Durante su reinado se implantó el Estado liberal en España, aunque con frecuentes crisis y pronunciamientos militares. Terminó con la Revolución de 1868, que la obligó a exiliarse.
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La regencia de María Cristina (1833-1840) comenzó tras la muerte de Fernando VII, cuando gobernó en nombre de su hija Isabel II. Estuvo marcada por la Primera Guerra Carlista y por la implantación del liberalismo, con reformas como el Estatuto Real y la Constitución de 1837.
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La Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue un conflicto civil entre los carlistas, partidarios de Carlos María Isidro y del absolutismo, y los liberales, defensores de Isabel II. Se desarrolló principalmente en el norte de España y terminó con la victoria liberal y el Convenio de Vergara.
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El Estatuto Real de 1834 fue una carta otorgada por Isabel II bajo la regencia de María Cristina. Establecía un régimen moderado con Cortes bicamerales y reconocía algunos derechos, pero mantenía el poder centralizado en la Corona.
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La muerte del general Zumalacárregui en 1835, líder carlista en la Primera Guerra Carlista, fue un duro golpe para las tropas carlistas. Su fallecimiento debilitó la estrategia militar y afectó la moral del ejército de Carlos María Isidro.
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La desamortización de Mendizábal (1836) consistió en la expropiación y venta de bienes del clero para financiar la guerra y la Hacienda pública. Favoreció a la burguesía y debilitó el poder económico de la Iglesia.
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La Constitución de 1837 fue una constitución de carácter liberal que estableció la soberanía nacional, la división de poderes y amplios derechos individuales. Buscó un equilibrio entre progresistas y moderados durante la regencia de María Cristina.
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El Abrazo de Vergara (1839) puso fin a gran parte de la Primera Guerra Carlista. Fue un acuerdo entre liberales y carlistas en el País Vasco, que permitió la pacificación y la incorporación de muchos soldados carlistas al ejército liberal.
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La regencia de Espartero (1840-1843) se inició tras la dimisión de María Cristina y estuvo marcada por un gobierno de carácter progresista. Su autoritarismo y los conflictos sociales y políticos provocaron su caída y el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II.
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Los gobiernos de Narváez (1844-1850) consolidaron el régimen moderado durante el reinado de Isabel II. Se caracterizaron por el autoritarismo, el refuerzo del orden público y la aprobación de leyes clave como la Constitución de 1845.
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La Década Moderada (1844-1854) fue un periodo del reinado de Isabel II en el que gobernaron los moderados, consolidando un Estado liberal conservador. Se aprobó la Constitución de 1845 y se reforzó el poder de la Corona, el orden público y el centralismo administrativo.
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La Constitución de 1845 fue una carta magna moderada que reforzó el poder de la Corona y limitó el sufragio. Estableció un Estado centralizado y mantuvo derechos individuales restringidos, consolidando el régimen conservador durante la Década Moderada.
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La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) fue un conflicto entre carlistas, que apoyaban a Carlos María de Borbón, y liberales, defensores de Isabel II. Se centró principalmente en Cataluña y terminó con la derrota carlista y la consolidación del régimen liberal.
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El Concordato de 1851 fue un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede que restableció las relaciones Iglesia-Estado tras las desamortizaciones. Reconocía el catolicismo como religión oficial y garantizaba el sostenimiento del clero por el Estado.
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El moderantismo tecnocrático fue una corriente política de la Década Moderada que promovía un gobierno centralizado dirigido por élites profesionales y técnicas. Buscaba estabilidad, eficiencia administrativa y control del orden público, limitando la participación política popular.
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El Bienio Progresista (1854-1856) fue un periodo del reinado de Isabel II en el que los progresistas llegaron al poder tras un pronunciamiento militar. Se impulsaron reformas económicas y políticas, como la desamortización de Madoz, aunque terminó por la inestabilidad y la intervención del ejército.
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La desamortización de Madoz (1855) consistió en la venta de bienes municipales y eclesiásticos para sanear las finanzas del Estado. Favoreció a la burguesía y grandes propietarios, pero generó descontento entre campesinos y comunidades locales.
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La Constitución non nata de 1856 fue un proyecto liberal progresista elaborado tras el Bienio Progresista, pero nunca llegó a aprobarse. Su rechazo dio lugar a la restauración del régimen moderado bajo Isabel II.
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Los motines de 1856 fueron levantamientos populares y militares contra el regreso al poder de los moderados tras el Bienio Progresista. Reflejaron el descontento social y político, aunque fueron reprimidos, consolidando la hegemonía de la Unión Liberal.
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La hegemonía de la Unión Liberal (1856-1868) consolidó un gobierno centrista que intentó equilibrar moderados y progresistas bajo Isabel II. Se promovieron obras públicas, estabilidad económica y cierta modernización del Estado, aunque persistieron tensiones políticas y sociales.
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La Ley Moyano de Instrucción Pública de 1857 estableció la organización del sistema educativo en España. Reguló la educación primaria, secundaria y universitaria, sentando las bases de la enseñanza pública y obligatoria.
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El gobierno de O’Donnell (1858-1863) bajo la Unión Liberal buscó estabilidad política y modernización económica. Impulsó obras públicas, la pacificación de conflictos internos y una política exterior activa, manteniendo un equilibrio entre moderados y progresistas.
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El gobierno de Narváez en 1864 fue un breve regreso del régimen moderado bajo Isabel II. Se caracterizó por su autoritarismo, el fortalecimiento del poder central y la represión de la oposición política.
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El Pacto de Ostende (1866) fue un acuerdo entre progresistas y unionistas para unir fuerzas y derrocar a Isabel II. Sentó las bases políticas y militares que condujeron a la Revolución de 1868.
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La crisis económica de 1866 afectó a España con caída de la producción, quiebras bancarias y desempleo. Intensificó el descontento social y político, debilitando al gobierno de Isabel II y preparando el terreno para la Revolución de 1868.
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El pronunciamiento de Topete en 1868 fue un levantamiento militar contra Isabel II que dio inicio a la Revolución Gloriosa. Contó con el apoyo de progresistas y unionistas, y provocó la derrota de las tropas leales, llevando al exilio de la reina.
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La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, fue un levantamiento que depuso a Isabel II. Impulsada por progresistas, unionistas y militares, abrió paso a un gobierno provisional y la búsqueda de un nuevo monarca.
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La Constitución de 1869, aprobada tras la Revolución de 1868, estableció un régimen liberal, con sufragio masculino, separación de poderes y amplias libertades individuales. También reconoció la monarquía parlamentaria y permitió la elección de un nuevo rey. -
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) enfrentó a los partidarios de Carlos VII contra el gobierno liberal de España. Se desarrolló principalmente en el País Vasco y Cataluña y concluyó con la victoria del Estado, consolidando la monarquía de Alfonso XII.