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Reautorización de la ley que garantiza que todos los estudiantes con discapacidad reciban educación pública apropiada, con apoyos administrativos, planes individuales, etc.
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Se adopta la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Framework for Action: Meeting Basic Learning Needs, que impulsó políticas internacionales, financiamiento y objetivos administrativos para lograr educación básica universal.
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Ley que fortaleció estándares educativos, rendición de cuentas, evaluación, establecimiento de metas nacionales. Afectó organización administrativa de escuelas y agencias estatales.
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Se establecen compromisos globales y metas más estructuradas para lograr Educación para Todos hacia 2015; esto orientó la planificación administrativa en muchos países.
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Reformó la Ley de Educación Primaria y Secundaria para elevar estándares, exigir evaluaciones anuales, rendición de cuentas escolar; reorganizó funciones administrativas en distritos escolares y estado-federal.
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Reforzó la idea de que no basta con acceso, sino calidad educativa; influyó en políticas administrativas y en cómo se monitorea, evalúa y mejora la enseñanza.
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Puso énfasis en incorporar la sostenibilidad en planes curriculares, gestión educativa, monitoreo internacional; implicó cambios administrativos en muchos sistemas educativos.
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Iniciativa federal para incentivar reformas estatales: estándares más altos, evaluación de maestros y escuelas, uso de datos, intervenciones; cambió la forma en que se organiza la administración educativa a nivel estatal y local.
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Sustituyó al NCLB, devolviendo mayor autonomía a los estados, pero manteniendo ciertos estándares y transparencias; cambió el rol administrativo federal-estatal.
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Forzó transformaciones administrativas enormes: adaptación rápida al aprendizaje remoto, reorganización de recursos, políticas de salud en entornos educativos, flexibilidad en normativas. (Aunque es un evento “externo”, provocó grandes cambios administrativos).