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Con el logro de la Independencia, se mantiene la estructura básica con cuatro ministerios.
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Inicia el proceso de diversificación del sistema administrativo en materia de estructura y funciones.
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Inicia la institucionalización del Gobierno, obteniendo competencias, en materia educativa, servicios de correos y telégrafos, y la construcción de obras públicas, entre otros.
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La Administración Pública adquiere un carácter típicamente capitalista pues el Estado pretende el papel de actor principal de la sociedad y lo refleja en la Ley de Desarrollo.
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Promulgación de la Constitución, se reforma administrativa para alcanzar los ideales revolucionarios y se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos.
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A partir de los años veinte se integraron las entidades paraestatales de forma más activa en sus diferentes formas: organismos descentralizados, empresa paraestatal o fideicomisos públicos.
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Se le otorgó la mayor partida económica.
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Incluyendo estudios sobre la organización administrativa, coordinar actividades y sistemas de trabajo para lograr eficiencia en los servicios públicos.
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El Ejecutivo Federal incrementa su poderío con nuevas instituciones para el control de los grupos sociales; se establece el impuesto sobre la renta y es creada la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro
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Se publica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que establece a la Administración Pública como pilar para el desarrollo del capitalismo impulsando la actividad económica y la eficiencia en el servicio público.
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En la cual se introduce la Secretaría de la Presidencia para formular los objetivos y procedimientos de la planeación económica y social del país.
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Tiene como objetivos la eficiencia en el proceso de desarrollo económico y social, establecer técnicas de organización administrativa y preparación del personal gubernamental.
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En este periodo se encuentran: Ley de Secretarías (programación y coordinación del sector público), y la Ley para el control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (supervisión financiera, control a los fideicomisos del Estado y control administrativo del Ejecutivo Federal).
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Modernización Administrativa, es creada la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyó a la CAP, y queda a cargo de las actividades en materia de reforma administrativa.
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Integrado por once programas, proporcionando la referencia para las reformas en materia de programación, gasto público, recursos materiales, recursos humanos, entre otros.
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Se deroga la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y se decreta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual, contiene el primer intento sobre la regulación en materia de organización y funcionamiento de la Administración Pública Federal.
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Se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, para apoyar y auxiliar las medidas de modernización administrativas establecidas, se implementaron acciones de reorganización de las secretarías de estado; la reforma municipal; el Sistema Civil de Carrera; el Sistema de Coordinación del Secretariado Técnico de los Gabinetes; la simplificación administrativa; y la participación social.
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Se decretó el Programa de Administración Pública (1995-2000), a) transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio y b) combatir la corrupción y la impunidad.
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Mejorar la capacidad de los servidores públicos; desarrollar una eficaz y eficiente administración financiera; promover la innovación permanente, e impulsar las tecnologías de la información y comunicación.
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Entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública, determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución y, al mismo tiempo, homologar los procesos y la eficiencia de la Administración Pública Federal, por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de Aplicación General.
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También se emite un acuerdo presidencial para eliminar las normas administrativas innecesarias y homologar la operación de los procesos de adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la información, transparencia, auditoría y control.