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Durante la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, nacieron grupos armados como los Chulavitas (en Boyacá) y los Pájaros (en Valle del Cauca), que actuaban como fuerzas de choque conservadoras, sembrando terror en zonas rurales y urbanas. Estos grupos son considerados los primeros antecedentes del paramilitarismo en Colombia.
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El gobierno colombiano expidió el Decreto 3398, que permitía armar civiles para colaborar con el Ejército en tareas de defensa contra la insurgencia. Esta norma abrió la puerta legal para la formación de grupos de autodefensa, que luego evolucionarían en estructuras paramilitares.
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La Ley 48 institucionalizó la figura de las autodefensas, permitiendo que civiles armados operaran bajo coordinación militar. Aunque se justificaba como estrategia contrainsurgente, en la práctica facilitó la creación de grupos armados con intereses privados.
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Tras el secuestro de Martha Ochoa, hermana de los narcotraficantes del cartel de Medellín, se creó el grupo MAS, financiado por capos como Pablo Escobar. Su objetivo era castigar a quienes colaboraran con guerrillas, marcando el inicio de la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo.
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El asesinato de Jesús Castaño, padre de los hermanos Castaño Gil, por parte de las FARC, motivó a sus hijos a formar grupos armados de venganza. Fidel y Carlos Castaño serían luego figuras centrales en el paramilitarismo colombiano.
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El Estado colombiano declaró ilegales las autodefensas, reconociendo su vínculo con violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los grupos paramilitares continuaron operando clandestinamente, con apoyo de sectores militares y políticos.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se formaron como una federación de grupos paramilitares. Bajo el liderazgo de Carlos Castaño, las AUC se convirtieron en una fuerza nacional con fuerte influencia política, económica y militar.
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Las AUC perpetraron una masacre en Mapiripán, Meta, asesinando brutalmente a más de 40 personas. La complicidad de militares en la operación evidenció los vínculos entre fuerzas estatales y paramilitares.
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En esta ciudad petrolera, las AUC asesinaron a civiles acusados de colaborar con guerrillas. El evento mostró cómo los paramilitares usaban el terror para controlar territorios estratégicos y eliminar oposición
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El gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, lanza una estrategia militar y antidrogas que intensifica la confrontación armada. Aunque su objetivo era combatir el narcotráfico y las guerrillas, también afectó zonas controladas por paramilitares
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Uno de los primeros grupos de las AUC en entregar armas formalmente. Este evento marcó el inicio visible del proceso de desmovilización, aunque muchos combatientes se reconfiguraron como bandas criminales
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Tras la desmovilización de las AUC, surgieron nuevas estructuras armadas como los Urabeños y Los Rastrojos, que heredaron redes de narcotráfico, control territorial y violencia
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Aunque no directamente ligado a los paramilitares, este evento reconfigura el conflicto armado. En algunas regiones, antiguas zonas guerrilleras fueron ocupadas por grupos armados ilegales, incluidos remanentes paramilitares.
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La Jurisdicción Especial para la Paz revela que entre 2002 y 2008, más de 6.400 civiles fueron asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate, en muchos casos con colaboración de estructuras paramilitares.