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Introducción de la identificación digital como base para la gobernanza electrónica. -
Se sientan las bases institucionales y tecnológicas para la transformación digital del Estado. Se reconoce la necesidad de modernizar la administración pública.
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Creación del Consejo Nacional de Informática, primer órgano estatal orientado al uso de TIC El Estado colombiano da sus primeros pasos hacia la institucionalización de la política digital. La sociedad aún no participa activamente, pero se abre la posibilidad de una transformación administrativa. La ciudadanía digital está en gestación, limitada por la baja conectividad y escasa alfabetización tecnológica. -
Documento CONPES 3072 establece la Agenda de Conectividad. Se formaliza la estrategia de Gobierno en Línea con fases de información, interacción y transacción. El Estado asume un rol más estratégico, orientado a la eficiencia y la transparencia. La sociedad comienza a interactuar con el Estado a través de medios digitales, aunque de forma limitada. -
Se crea el Programa Presidencial para el Desarrollo de las TIC. -
Inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se mantiene la apuesta por las TIC como eje de transformación estatal. Se reafirma la apuesta por las TIC como eje de modernización estatal. Aunque aún no se consolidan políticas digitales robustas, se empieza a vislumbrar una administración pública más abierta a la innovación tecnológica. -
Se consolidan principios como la centralidad del ciudadano, la transparencia, la protección de datos y la visión unificada del Estado. El Estado comienza a transitar de una lógica burocrática hacia una visión más estratégica, reconociendo el potencial de las TIC para mejorar la eficiencia y la transparencia. La sociedad, aún con baja apropiación digital, empieza a percibir los beneficios de una gestión más ágil.
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Se expide la Ley 812, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006. En ella se promueve la creación de sistemas de información para mejorar la transparencia y el acceso ciudadano a datos públicos, como nóminas, cuentas fiscales y procesos de contratación. La sociedad civil comienza a ejercer presión por mayor rendición de cuentas. La ciudadanía digital se fortalece como observadora crítica, aunque aún limitada por brechas de acceso y alfabetización tecnológica. -
La Ley 1150 autoriza el uso de medios electrónicos en la contratación estatal. Surge el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), uno de los hitos más relevantes en la digitalización de procesos administrativos. El Estado se posiciona como promotor de la eficiencia y la legalidad mediante herramientas digitales. La sociedad gana acceso a información contractual clave, lo que le permite ejercer control social. -
Se promulga el Decreto 1151, que establece los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea. Se definen sus objetivos: eficiencia, transparencia y participación ciudadana mediante el uso de TIC. El Estado redefine su rol como facilitador de servicios digitales, orientado al ciudadano. La sociedad empieza a interactuar con el Estado a través de canales virtuales, lo que transforma la cultura administrativa. La ciudadanía digital se consolida como actor participativo. -
La Ley 1341 define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC. Se consolida el marco legal para el ecosistema digital colombiano. El Estado asume una responsabilidad más amplia: no solo proveer servicios, sino garantizar condiciones para la inclusión digital. La sociedad se reconoce como parte de un ecosistema digital en expansión, con nuevos derechos y deberes. -
Nace el Plan Vive Digital. Se crea el Ministerio TIC. El Estado se transforma en articulador de políticas públicas orientadas a la equidad digital. La sociedad se beneficia de una infraestructura más robusta y de programas de formación. La ciudadanía digital se empodera como agente de innovación, con capacidad de generar valor público desde lo local. -
Se amplía el alcance del gobierno electrónico hacia zonas rurales. Se democratiza el acceso a la información y se fortalece la infraestructura digital.
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Ley 1450 ordena la apertura de bases de datos públicas. El Estado se compromete con la transparencia activa. La sociedad adquiere herramientas para el análisis crítico de la gestión pública -
Decreto 2573 complementa lineamientos de gobierno en línea. Colombia alcanza cobertura nacional de internet de alta velocidad. El Estado logra ampliar el alcance territorial de sus servicios digitales. La ciudadanía digital se democratiza, superando barreras geográficas y socioeconómicas. -
Se transita del gobierno electrónico al gobierno digital. Se reconoce la ciudadanía digital como actor transformador y se promueve la ética digital como dimensión formativa.
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Ley 1753 promueve estándares para trámites digitales. El Estado se orienta hacia una gestión más centrada en el usuario. La sociedad demanda servicios más ágiles y confiables -
Decreto 1008 establece la política de gobierno digital. El Estado se transforma en plataforma de innovación pública. La sociedad participa en el diseño de soluciones digitales -
Ley 1955 impone la obligación de incluir transformación digital en los planes de acción estatales. -
COVID-19 acelera la digitalización de servicios públicos. Se reforma el Código de Procedimiento Administrativo para fortalecer el uso de TIC. El Estado responde a la crisis con soluciones digitales de emergencia. La sociedad se adapta rápidamente a nuevas formas de interacción institucional.