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Se mantiene la estructura básica con cuatro ministerios.
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Comienza la institucionalización del gobierno, obteniendo competencias, por ejemplo, en materia educativa, servicios de correos y telégrafos, y la construcción de obras públicas, entre otros.
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Será necesario la reforma administrativa para alcanzar los ideales revolucionarios; con ello, se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos.
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La Secretaría de Hacienda es asignada como unidad autónoma para la elaboración del Presupuesto de la Federación.
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La Segunda Guerra Mundial influyó en el gobierno para reorganizar las actividades de la Administración Pública a través de la Comisión Intersecretarial para eliminar servicios no indispensables, optimizar al personal, aprovechar los fondos públicos, entre otros.
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Se publica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, para administrar los bienes nacionales y vigilar el tesoro público, el gobierno decide crear la Secretaría de Bienes nacionales e Inspección Administrativa.
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Se crean la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyó a la CAP, y queda a cargo de las actividades en materia de reforma administrativa.
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Se deroga la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y decreta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y para apoyar y auxiliar las medidas de modernización administrativas establecidas.
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Para 1996, se decretó el Programa de Administración Pública (1995-2000) que contiene dos grandes objetivos: a) transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio; b) combatir la corrupción y la impunidad.
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Declaración del Milenio, en el año 2000, se refuerza la esencia de la Administración Pública.
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Entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública, determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución y, al mismo tiempo, homologar los procesos y la eficiencia de la Administración Pública Federal, por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de Aplicación General.
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Acuerdo Presidencial para eliminar las normas administrativas innecesarias y reemplazarlas por 9 Manuales Administrativos de Aplicación General que homologarán la operación de los procesos de adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la información, transparencia, auditoría y control.