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La partida se toma desde el año 1200 hasta la conquista española en este periodo histórico se muestra de forma general los principios de la estructura agraria precolombina donde la tenencia de la tierra era un derecho de los indígenas coordinados por los mandos altos de las clases sociales diferenciadas y que eran heredados a las nuevas generaciones
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La Ley No. 200 de 1936 es conocida como el primer intento serio de llevar a cabo una reforma agraria y fue el resultado de consultas con el movimiento campesino emergente. El contenido importante de la ley es la constitución de jueces especiales para resolver disputas territoriales e introducir el concepto de función social de la tierra y el concepto de extinción territorial.
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La Ley No. 200 de 1936 es conocida como el primer intento serio de llevar a cabo una reforma agraria y fue el resultado de consultas con el movimiento campesino emergente. El contenido importante de la ley es la constitución de jueces especiales para resolver disputas territoriales e introducir el concepto de función social de la tierra y el concepto de extinción territorial.
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Aunque la aplicación se redujo debido a una fuerte resistencia, la Ley No. 200 creó la base conceptual para la reforma agraria. La Ley N ° 100 de 1944 intentó derogar los posibles efectos de la Ley N ° 200, anunciando los contratos de arrendamiento agrícola por conveniencia pública y la posterior obediencia de los agricultores a los terratenientes.
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Entre 1946 y 1957, durante los hechos violentos, la coalición campesina e indígena que había liderado la lucha por la tierra durante las últimas décadas fue liquidada.
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Ley N ° 135-1961, producto de la presión social interna provocada por la violencia y la presión internacional (como la Alianza Progresista). Con él, se estableció el Columbia Land Reform Institute (INCORA) para obligar a los propietarios a modernizar sus fincas con el fin de hacer un uso más completo de la tierra bajo la pena de extinción de la propiedad -
En 1967 nació la Asociación Nacional de Usuarios Agrícolas (ANUC), y el presidente Lleras Restrepo la utilizó como factor de presión para implementar reformas agrarias. -
la ley 1-1968 simplifica el procedimiento, enfatizando el desarrollo inadecuado de la propiedad y la entrega de tierras a los agricultores arrendatarios que trabajan. Resulta que los pequeños agricultores que no pueden sobrevivir mantienen a los agricultores en la pobreza durante mucho tiempo.
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Aguirre de la reforma agraria aplicada en 1972, se inició bajo el liderazgo del gobierno de Misael Pastrana. El programa de asistencia técnica para pequeños agricultores reemplazó al crédito.
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Incluye una serie de estándares de clasificación de propiedades para propósitos de expropiación, estos estándares designan a casi todas las propiedades como completamente desarrolladas y sus complejos procedimientos reducen la posibilidad de reforma agraria.
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La Ley No. 6 de 1975 volvió a legalizar a los arrendatarios, pero no logró cambiar las condiciones de los agricultores. Este año se implementó el plan integral de desarrollo rural. -
Antonio García [1970, 1982], "La reforma agraria de Colombia es marginal: es una reforma diseñada para mantener el statu quo del latifundio o complejo minifundio, a través de concesiones de propiedades medianas y presión de la tierra en las fronteras agrícolas.
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Durante varios años no se volvió hablar de reforma agraria. A partir de 1982, sin embargo, con la Ley 35 y el Plan Nacional de Rehabilitación se volvió a retomar la cuestión agraria, pero bajo otro esquema: la compra de tierra a precios de mercado y su venta a campesinos beneficiarios.
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Luego de tres proyectos que no fueron aprobados por el Congreso, se aprobó la nueva Ley No. 30 de 1988 para la compra formal de terrenos a precios de mercado. De esta manera, quieren superar la resistencia de los terratenientes, y la adquisición de Incora efectivamente ha alcanzado un nivel sin precedentes. Sin embargo, este proceso de reforma agraria está sujeto a restricciones presupuestarias, por lo que la reforma sigue siendo marginal. -
mecanismo neoliberal del “mercado de tierras”, abrió la puerta a una mayor iniciativa privada y se le continuaron limitando las facultades al estado, y por supuesto al Incora, con lo que se fue languideciendo su accionar, mientras la demanda de tierras continuaba creciendo, no sólo por parte de los históricamente necesitados de ella sino los millares de desplazados que por la época ya constituían un número significativo. -
Condiciones y factores como el narcotráfico, la violencia política y la apertura han dado como resultado la concentración de tierras y la dispersión de las organizaciones territoriales en el pasado. Las guerras violentas y sucias han llevado a la orden de represión y liquidación del gobierno no solo de Incora, sino también de otras entidades del sector agropecuario (INAT, INPA y DRI), de hecho, las instituciones públicas de este sector fueron eliminadas en mayo de 2003.
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Se estableció el Decreto No. 1300-2003, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), cuya función principal es "implementar políticas de desarrollo rural" en el país. Si bien no se ha discutido el avance de la reforma agraria o la redistribución de la tierra, los indicadores de gestión de los proyectos desarrollados por INCORA y otras entidades suprimidas no han mejorado, pero han reducido la cobertura y la calidad. -
Enfatizando que factores secundarios y no primarios como la estructura de los derechos de uso de la tierra han demostrado ser ineficaces y conducen a una mayor desigualdad y mayores niveles de pobreza y sufrimiento en las áreas rurales, el Gobierno Nacional está decidido a profundizar este modelo y obtener la aprobación como parte de este nuevo plan Leyes, como la Ley Forestal, la Ley de "Renta Agrícola Segura" y el Plan Nacional de Desarrollo
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El Congreso aprobó el proyecto de ley de desarrollo rural. Buscando compilar normativas en el sector rural y adaptarse a la oposición del INCODER en el sector social. El Fiscal General advirtió que al adecuar la ley a los requerimientos del TLC-EE. UU., Permite que los latifundios eviten la extinción de la propiedad, beneficiando a los terratenientes y empresarios agrícolas, "puede ser utilizada para el lavado de dinero".
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