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Todo lo relacionado a noticias que hablan sobre la reforma a la ley 30 que se dio a conocer en el 2011, y que fue rechazada por rectores de universidades, así como por los estudiantes.
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El gobierno empezó a mostrar sus estrategias a cerca de como financiarían las 32 universidades públicas del país a partir del 2011. Las bases para financiar la educación superior publica son los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que ordena aumentar los recursos cada año, según el índice de precios al consumidor (IPC).
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Ante la comisión sexta del senado de la república, fue presentado el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992.
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El lunes 12 de abril fue presentado el proyecto de reforma de la ley 30 de 1992, en el que sería posible ampliar en 4,2 billones de pesos los recursos para la educación superior entre el 2011 y el 2019.
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Se explica la reforma, así como también todo el proceso que se debe llevar a cabo antes de ser sancionada, como lo es el tener que ser aprobada tanto por los senadores como por los representantes.
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Se explican 4 de los puntos que más generan polémica, en relación con la ley 30, en donde se hace énfasis en que el gobierno y rectores chocan en torno a varias propuestas de la reforma de la educación.
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Para esta época hasta ahora se estaba planteando la idea de una reforma a la educación superior, lo cual causaba gran intriga y preocupación entre los rectores de las diversas universidades de Colombia.
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Por medio de una entrevista a la ministra de educación, María Fernanda Campo, puso para estudio de los colombianos la propuesta de la reforma de la ley 30 de educación superior.
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Se habla de los 3 puntos clave en la reforma, dentro de los cuales resalta el del que la financiación de las universidades públicas quedará intacta.
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La propuesta de la ley 30 de 1992 no cayó bien dentro del sector universitario, que alistan un proyecto de ley propio.
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La presente noticia deja entrever los problemas que trajo consigo la reforma a la ley 30. Entre esos, están múltiples rebeliones en la Universidad Nacional, la cual condujo a actos vandálicos y disturbios.
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Debido al rechazo de los estudiantes universitarios a la ley 30 de educación, hubo marchas y protestas en contra de esta, puesto que, los estudiantes manifiestan que la educación es un derecho, y por ende debe ser gratuita.
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María Fernanda Campo, ministra de educación para entonces, afirmaba que pese a las múltiples protestas que se hicieron, la propuesta a la reforma a la ley 30 seguiría en pie.
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La ministra de educación Campo rechazó de forma pública los actos vandálicos que se llevaron a cabo en las diversas protestas por parte de las universidades estatales. Así mismo, afirma que la reforma traerá grandes beneficios para la financiación del sector público, la manutención del estudiantado, le inversión en investigación y desarrollo y la respuesta de las universidades a las necesidades de la sociedad.
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Es importante reforzar la inversión en universidades públicas, las cuales notablemente no poseen recursos, por lo cual, una inyección de capital privado viene muy bien para mejorar el sistema y ampliar la cobertura.
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Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional para entonces, asegura que, para una mejoría notable en el sistema de educación superior, debe aumentar la inversión privada.
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Aquí se habla acerca de que la reforma es una propuesta del gobierno y no de la comunidad universitaria. No se tuvo en cuenta la solicitud de los rectores de participar en la elaboración del articulado, antes de que este fuera presentado por el presidente a la opinión pública.
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El articulo resulta pertinente para la investigación ya que no solo se queda con la revisión de la propuesta de la ley con respecto a la financiación de las universidades, sino que también revisa implicaciones que tiene frente a la investigación.
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Plantea que el proceso que buscaba la reforma a la ley 30 estaba guiado por el sistema de financiación chileno, siendo característico por la inversión privada a partir de instituciones con y sin animo de lucro. Por otro lado, pese a que los jefes estudiantiles aseguraron que sus marchas serían pacíficas, el gobierno presentaba preocupación por posibles infiltrados guerrilleros en las manifestaciones.
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Miles de estudiantes llevaron a cabo una marcha en Cartagena, esto en forma de protesta frente a lo planteado por la reforma a la ley 30.
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Se han venido múltiples marchas en el país, esto debido a la amenaza de privatización que presente la reforma a la ley 30 de 1992 para con las universidades públicas. Evidentemente los estudiantes de estas instituciones no están de acuerdo con la propuesta.
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Coincidiendo con los días más dramáticos para las marchas estudiantiles frente a la ley 30, la violencia y el vandalismo se estaban tomando las universidades del país.
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La mejora en el sistema de financiación, la inversión en investigación y desarrollo y la premiación a estudiantes con puntajes altos serán pilares en la reforma a la educación superior.
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Frente a las inquietudes e inconformidades mostradas por el estudiantado, el Ministerio realizo una jornada en Cartagena para explicar la reforma a los jóvenes.
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El autor plantea que esta reforma a la ley 30 es una oportunidad para que el sistema educativo colombiano se ponga a tono con la realidad, siendo esta que los recursos públicos para las universidades son escasos. Así mismo, dice que se debe dar un debate de ideas entre los promotores y detractores de la reforma.
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Javier Botero, viceministro de educación para entonces, mostraba preocupación frente a la gran desinformación presente en el estudiantado, el cual realizó múltiples protestas, principalmente en contra de la inversión privada en universidades públicas.
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Se habla sobre la manera en que se pretende rebajar el modelo educativo al nivel del productivo.
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La comisión sexta de la Cámara de Representantes retiro de forma definitiva el proyecto de reforma a la ley 30, esto con el objetivo de poner fin al paro estudiantil que se venía adelantando, y así, poder trabajar en conjunto con el estudiantado para poder llevarla a cabo.
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Plantea que la reforma traerá consigo un choque de trenes entre los intereses de las instituciones de educación superior y los inversionistas privados, ya que los primeros aspiran a crear profesionales íntegros y completos en términos de conocimiento, mientras que los segundos buscarán obtener ganancias a corto plazo, esto con docentes de bajo costo y carreras rentables en el mercado.
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El gobierno invitó a Juan José Ugarte, representante del Ministerio de Educación de Chile, esto con el objetivo de que este compartiera la experiencia educativa en Chile. Este planteo que las universidades con ánimo de lucro, teniendo estas como característica la inversión de empresas privadas, traían múltiples beneficios al sistema y a la cobertura del sistema.
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Moisés Wasserman, rector para entonces de la Universidad Nacional, asegura que es una realidad que los recursos para la educación publica son insuficientes, sin embargo, se debe revisar con minuciosidad cómo será la inversión privada, ya que se cree que esta en gran medida puede ir determinada hacia universidades a su vez privadas, no apoyando ni mejorando así el sector público.
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El Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Danilo Vivas presentó al ministerio los temas que considera sensibles en la reforma. Entre estos están el sistema de financiación estatal a las universidades, la privatización del sistema a partir de la inversión privada, y como las llamadas “universidades de garaje” pueden afectar la calidad de la educación.
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Plantea que si bien múltiples organizaciones han hecho inversión privada en la infraestructura de universidades públicas, esto no basta, pues se debe invertir también en la calidad del servicio, en mejor el cuerpo docente, la tecnología y la inversión en investigación.
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La ministra de educación plantea que al no ser suficientes los recursos públicos para la educación, se requiere una inyección privada para poder aumentar la cobertura y mejorar el servicio.
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El viceministro, Javier Botero Álvarez, plantea que en el segundo semestre de 2011 se podría presentar al congreso la propuesta a la reforma a la ley 30. Así mismo, asegura que esta vendrá muy bien al sistema educativo ya que inyectará mayores recursos. Por otro lado, dice que se deberán crear órganos de control para las instituciones con fines de lucro.
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Este artículo resulta pertinente para la presente investigación ya que hace énfasis en los vacíos que aún deja la educación media frente a la educación superior, es decir, a las falencias que presenta el estudiantado al acceder a la universidad.
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Solo el 25% de las universidades se ajustaría a las exigencias de calidad que se establecen dentro de la propuesta.
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Los rectores de las distintas universidades dieron a conocer a la ministra de educación María Fernanda Campo, una propuesta estatutaria que busca fortalecer la autonomía universitaria, 10 observaciones sobre el proyecto de reforma de la ley 30 y una propuesta sobre cómo debería ser el financiamiento de la educación superior.
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La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) exigieron para la reforma a la educación superior una mayor financiación por parte del sector privado para el sector publico en cuanto temas como la investigación, y a su vez, plantearon que la acreditación no sea obligatoria.
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José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) plantea que la reforma debe tener como eje el acceso universal a la educación superior, esto a través del financiamiento estatal para mejor la calidad y equidad del sistema.
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En esta noticia se habla de que uno de los puntos más polémicos de la reforma de la ley 30 de educación superior, quedó excluido de la propuesta, este punto es el que hacía referencia a crear instituciones con ánimo de lucro, motivo de las muchas protestas de diferentes universidades.
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Aquí se hace mucho énfasis en la calidad de la educación superior.
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Muere Jean Farid Chang Lugo, estudiante de Medicina de la Universidad Santiago de Cali. Esto fue en una de las marchas contra la ley 30, por lo cual logra esbozar cual era la situación y recepción del estudiantado frente a la misma.
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El proyecto de reforma de la ley 30 traerá aspectos positivos a los estudiantes de educación superior, como, por ejemplo, la ampliación de la cobertura del 37% al 64% en 2022.
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Se habla sobre lo importante que es la educación superior publica como herramienta para construir un futuro mejor, así como el manifestar que es un derecho fundamental para los ciudadanos, y que debería ser totalmente gratuita.
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Estudiantes liderados por el mane (mesa amplia nacional estudiantil) insisten en que el paro terminará cuando la reforma sea retirada. La decisión es que el paro se suspende, pero no se levanta.
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Una de las conclusiones a la que se llegó luego de discusiones y desencuentros entre el gobierno y la comunidad académica en torno a la ley 30, es que el acceso a la educación superior es inequitativo y restringido.
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Aquí se habla teniendo en cuenta a los argumentos de expertos quienes dicen que la peor parte la tienen los bachilleres de escasos recursos, pues no tienen las competencias para poder ingresar a las universidades públicas, así como tampoco tienen los recursos para ingresar a una privada.
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Aquí plantea que los inversionistas privados por 30 años podrían explotar la educación como servicio público e inyectarle capital y beneficiarse de ello.
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Tras el fracaso de la reforma en 2011, la ministra María Fernanda Campo plantea que ya en 2013 se podría ratificar la reforma, esto con base en las conversaciones tenidas con Fecode y el estudiantado.
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En vista que fue rechazada esta reforma de educación, el gobierno de Santos en compañía de su ministra de educación Maria Fernanda Campo, buscó poder llevar a cabo la reforma para el año 2014
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La ministra de educación, María Fernanda Campo, plantea que las conversaciones con el estudiantado van avanzadas, y ya para comienzos de 2014 se buscará por fin llevar a cabo la reforma.
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Campo plantea afirma con datos que la reforma va por buen camino, esto no solo con datos de educación superior, sino en general con la educación primaria, media y terciaria. Así mismo, asegura que la cobertura universitaria pasó de 37% a 47% en el gobierno Santos.
