Principales momentos clave que favorecen a la conformación del Derecho al Acceso a la Información.
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El DAI se deriva de las reformas al artículo 6º constitucional, relativas al derecho a la información, que se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, casi cuatro lustros después, a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos (Merino, 2006).
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No fue sino a partir de la transición a la democracia en el año 2000, que se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
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Los esfuerzos por implementar una agenda de gobierno electrónico se intensificaron en 2001 con el programa e-México de la administración de Vicente Fox y continúan hasta hoy con la Estrategia Digital Nacional del Gobierno Federal.
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A partir de 2002 se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones gubernamentales.
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Se dio como resultado de dos sucesos fundamentales: un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) en el año 2002.
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Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro, en 2002.
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En México la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada Por el Congreso de la Unión a finales del mes de Abril 2002, en el Estado de Durango la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango fue aprobada por el Congreso del Estado en el mes de febrero del 2003 si bien las leyes de referencia pueden ser perfectibles resulta por demás importante percibirla como un régimen jurídico que inicia la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información.
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El recorrido por la independencia de la política de transparencia comienza en 2004, cuando se conformó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP),
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El 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Tras el proceso legislativo de rigor, el 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Cejudo, 2009) el decreto que modificaba la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
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En septiembre de 2011, se constituyó el Open Government Partnership, que es una organización internacional que tiene como objetivo alentar a los países miembros a implementar los lineamientos de gobierno abierto. Es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.
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En 2013 se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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El 7 de febrero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México (LGTAIF, 2015).
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En mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo de 2015, sentaron las bases para la construcción de una nueva relación entre los órdenes de gobierno y el impulso de un federalismo eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo, que permita diseñar, desarrollar y ejecutar políticas públicas en transparencia y acceso a la información, mediante la coordinación eficaz de la federación y los estados
