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Se garantiza el derecho a la educación (artículo 3), a la salud (artículo 4), a la propiedad de la tierra (artículo 27) y los derechos laborales (artículo 123).
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, reunió las principales demandas sociales de los grupos en conflicto, con lo que se obligó a que el Estado garantizara los derechos de la ciudadanía a la educación, la salud, la propiedad de la tierra y los de índole laboral
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Fundan la Secretaría de Educación Pública, con el fin de poner en marcha una gran proyecto de alfabetización que estuvo a cargo de José Vasconcelos.
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La creación de la central sindical tuvo la finalidad de aglutinar los movimiento obreros y coordinar las acciones productivas dictadas por el gobierno.
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El presidente Lázaro Cárdenas del Río establece las bases para cumplir lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y comienza la repartición de tierras bajo la figura del ejido. Realiza el mayor reparto agrario registrado hasta esta fecha.
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Cárdenas da paso a la corporativización de los sectores productivos del país. En el caso del reparto agrario mediante la creación de la Confederación Nacional Campesina.
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El sistema económico se basa en la concepción del Estado de Bienestar, con políticas sociales redistributivas universales. Gran impulso a la industrialización a través de la sustitución de las importaciones.
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Con la expedición de una nueva Ley Orgánica de Nacional Financiera, se ponen las bases para que sea la institución bancaria del Estado que impulse el desarrollo de infraestructura y apoye la industrialización.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Fue creado por el presidente Manuel Ávila Camacho para garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo.
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Crean la empresa paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) fue creada para garantizar los precios de los bienes de la canasta básica.
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Se da cumplimiento al derecho a la vivienda mediante un esquema de aportaciones tripartitas, con la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
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El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), atendió 200 zonas con infraestructura física y económica para promover la producción agrícola, pecuaria, minera e industrial. No se presentaba como una política específica de atención a la pobreza.
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Crean el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, institución de corte financiero para fomentar el consumo de bienes y servicios con tasas preferenciales.
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El crea la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) como parte de una política integral para atender la pobreza.
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El presidente José López Portillo anuncia y ponen en funcionamiento el SAM, como respuesta a la crisis agraria y la insuficiencia en la producción del campo.
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Ante el agotamiento del modelo económico de sustitución de las importaciones, con una creciente crisis derivada de la dependencia casi exclusiva de los ingresos petroleros, se inició un proceso de adelgazamiento del Estado y focalización de las políticas sociales.
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Concentran los programas Sectoriales Concertados (PROSEC); de Desarrollo Estatal (PRODES); Programas Estatales de Inversión (PEI); Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) y de Atención a Zonas Marginadas (PAZM), éste último concentraba los recursos ejercidos antes por la Coplamar.
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México firma su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), con lo que se da un viraje a la política económica, y se abre paso al período neoliberal.
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Por acuerdo presidencial se crea el Programa Nacional de Solidaridad, como estrategia focalizada para el combate a la pobreza. Incorpora los rasgos esenciales de las políticas sociales de este período neoliberal.
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Con la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), posterior al de Solidaridad, se trabajó en las comunidades rurales marginadas que contaban con primaria y secundaria y clínicas de salud.
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La alternancia partidista en el año 2000, no afectó la política social focalizada. Progresa se transformó en Oportunidades, que mantuvo los principales componentes de atención, a saber: Educación, alimentación y salud.