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En la década de 1980, colapso en los precios del petróleo y el incumplimiento de la deuda externa, seguido de cinco años de estancamiento económico, provocaron un cambio importante en el modelo económico
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Las entradas netas de capital a México fueron equivalentes a un 3.3% del PIB en promedio. Las entradas de capital se elevaron dramáticamente en los años posteriores a la privatización de la banca y el TLCAN.
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En 1988, la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una reforma enfocada a la desregulación económica interna.
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Se aprobó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece las directrices para las interacciones administrativas entre el gobierno y los particulares.
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Se expidió el acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, el cual conformó el primer programa sistemático de reforma de la reglamentación en México.
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Después de la crisis de 1995 denominada “efecto tequila”, con la llegada del presidente Zedillo se lanza un segundo programa de desregulación en noviembre de 1995 “guillotina regulatoria”.
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Se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tal que se introdujo un análisis obligatorio público, que midiera impacto de la regulación a nivel federal y se logra el acuerdo para crear la primera vía rápida para la creación de empresas en la Ciudad de México.
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Se reformó la Ley Federal sobre Normas y Medidas. La reforma estableció un principio de equivalencia en la desregulación de las reglas y normas técnicas; por otro lado, estableció el análisis de impacto regulatorio para el proceso de elaboración de las normas.
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Se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se creó la COFEMER, y se establecieron los principales aspectos de la reforma regulatoria en la ley, implementando las diferentes herramientas, como es el caso de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), el Registro Federal de Trámites y Servicios, los Programas de Mejora Regulatoria y el proceso de transparencia y consulta durante la elaboración de las regulaciones.
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Se anunció que llevará a cabo una reforma regulatoria para septiembre derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no puede clara y plenamente justificada, y con ello facilitar la vid de los ciudadanos, simplificar todos los trámites que realizar las empresas y acerca el Gobierno a las necesidades de la gente.