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Se mantiene la estructura básica con cuatro ministerios
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Creación del quinto ministerio el Ministerio de Relaciones Interiores.
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Separación entre el Estado y la Iglesia, comienza la institucionalización del gobierno, obteniendo competencias, por ejemplo, en materia educativa, servicios de correos y telégrafos, y la construcción de obras públicas, entre otros.
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Creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
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Se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos.
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Para sistematizar el apoyo a diferentes secretarías y realizar estudios para mejorar la Administración Pública fue creado el Departamento de Contraloría (1918-1932).
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Creación de la Secretaría de Educación Pública, a la que se le otorgó la mayor partida económica.
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La Secretaría de Hacienda es asignada como unidad autónoma para la elaboración del Presupuesto de la Federación, incluyendo “estudios sobre la organización administrativa, coordinar actividades y sistemas de trabajo para lograr eficiencia en los servicios públicos".
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Con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, se publica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que establece a la Administración Pública como pilar para el desarrollo del capitalismo impulsando la actividad económica y la eficiencia en el servicio público.
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Con Adolfo López Mateos, en materia de Administración Pública, se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en la cual se introduce la Secretaría de la Presidencia para formular los objetivos y procedimientos de la planeación económica y social del país.
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En esta reforma administrativa integral es creada la Comisión de Administración Pública, que tiene como objetivos la eficiencia en el proceso de desarrollo económico y social, establecer técnicas de organización administrativa y preparación del personal gubernamental.
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El gobierno de Echeverría partió de la creación de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, numerosos fondos, comisiones y fideicomisos.
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Es creada la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyó a la CAP, y queda a cargo de las actividades en materia de reforma administrativa.
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La DGEA estuvo a cargo de la coordinación global de los trabajos de reforma administrativa y publicó las Bases para el Programa de Reforma Administrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976, integrado por once programas, proporcionando la referencia para las reformas en materia de programación, gasto público, recursos materiales, recursos humanos, entre otros.
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Con el gobierno de José López Portillo, en medio de la crisis económica y social, propone tres vías de acción: la alianza para la producción, la reforma política y la reforma administrativa.
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Se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y para apoyar y auxiliar las medidas de modernización administrativas establecidas, se implementaron acciones de reorganización de las secretarías de estado; la reforma municipal; el Sistema Civil de Carrera; el Sistema de Coordinación del Secretariado Técnico de los Gabinetes; la simplificación administrativa; y la participación social.
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El gobierno de Salinas de Gortari atiende cuatro vertientes: i) desconcentración y descentralización; ii) desreglamentación administrativa; iii) agilización de trámites; y iv) modernización integral de los sistemas de atención al público.
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En este periodo, el papel de la sociedad civil en relación a la participación de la planeación nacional recobra importancia. Ya no sólo se requiere dar un mejor servicio, ahora la transparencia de los servicios públicos se integra en las reformas administrativas.
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En el ámbito jurídico se reformó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se elaboró el Programa para la Modernización de la Empresa Pública, surge la Contraloría Social, se determina la autonomía del Banco de México, se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, entre otros.
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Se decretó el Programa de Administración Pública (1995-2000) que contiene dos grandes objetivos: a) transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio; b) combatir la corrupción y la impunidad.
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Se refuerza la esencia de la Administración Pública: mejorar la capacidad de los servidores públicos; desarrollar una eficaz y eficiente administración financiera; promover la innovación permanente, e impulsar las tecnologías de la información y comunicación.
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Entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública, determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución y, al mismo tiempo, homologar los procesos y la eficiencia de la Administración Pública Federal, por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de Aplicación General.
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Los Manuales Administrativos de Aplicación General, decretados en 2010, se emite un acuerdo presidencial para eliminar las normas administrativas innecesarias y homologar la operación de los procesos de adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la información, transparencia, auditoría y control.