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El artículo 40.2 de la CE, encomienda a los poderes públicos la regulación de políticas que garanticen la formación de los trabajadores, la seguridad e higiene en el trabajo, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Así, se incluye como uno de los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I de la CE.
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Se reconoce el derecho a la protección de la salud
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Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto. -
La constitución es la norma suprema del ordenamiento juridico español .
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ET establece el derecho de los trabajadores “a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene”. Derecho al respeto a su intimidad, consideración debida a su dignidad, comprendiendo la protección frente acoso sexual y acoso por razón de género
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El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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Principalmente, el estatuto recoge todo el proceso inherente que lleva un contrato de trabajo, desde su firma, sus obligaciones y derechos hasta los supuestos que se dan tras la extinción del contrato. Además, también se tratan aspectos como la jornada laboral, la representación de los trabajadores o los salarios.
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Norma comunitaria de obligado cumplimiento para los países miembros que establece una serie de fines y objetivos. dejando a la libre elección de cada Estado miembro el modo de llevarlos a cabo. También conocida como "directriz".
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En este articulo se modifica La Directiva (UE) 2016/797, el articulo 4 se sustituye por otro texto .
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La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, introduce medidas para mejorar la seguridad y la salud de las personas en el trabajo y establece obligaciones para los empresarios y los trabajadores con el fin de limitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL) deriva del mandato constitucional del artículo 40.2 de la CE que obliga a la protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.
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Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
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La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
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El real decreto legislativo, es por lo que se aprueba el texto refundido de la ley de Estatuto de los trabajadores .