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Se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto
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Se reformas el artículo 6º Constitucional, donde se garantiza a toda persona al libre acceso a toda información oportuna y plural, así mismo como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
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Se emitió́ el acuerdo para la creación de la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico, que tuvo como principal objetivo usar las Tics para el buen gobierno
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Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaron la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Promueve una reforma constitucional en materia de transparencia. Un año después, entregaron al Legislativo Federal una iniciativa de reforma constitucional que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los ocho partidos políticos representados en el Congreso.
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Medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)
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Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron: Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro
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La implementación de diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía
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En el año de 1977 se reformó el artículo 6º Constitucional relativo al Derecho a la Información y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó 20 años después (cuatro lustros) para que los mexicanos ejercieran sus derechos de conocer la información producida y controlada por los actores públicos.
