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A la llegada de los Constitucionalistas al poder, encabezados por Carranza, la Constitución política de 1917 integró demandas sociales de los grupos revolucionarios. Estas demandas quedaron consagradas en los artículos 3, 4, 27 y 123.
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Se creía que el crecimiento económico impulsaría el bienestar social
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Entre las décadas de 1940 y 1960, los sucesivos gobiernos posrevolucionarios incentivaron los derechos de la clase trabajadora con el propósito de mejorar los ingresos y estimular el consumo de productos industriales de producción interna. Se crean instituciones como el IMSS
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Entre 1970 y 1976 dominó el optimismo alrededor de los logros económicos. Las políticas se orientaron a mejorar la distribución de la riqueza. Se crearon más instituciones sociales encaminadas a incentivar el consumo y aumentar los beneficios sociales de los trabajadores
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1976 a 1982 marca el periodo del derroche fundado en la explotación y descubrimiento de vastos yacimientos petroleros. Las políticas se enfocaron en el combate a la pobreza, aumentar el poder adquisitivo y la creación de empresas paraestatales.
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Con la llegada de De la Madrid comienza el cambio del modelo económico imperante hasta entonces: se implementó la austeridad en el gasto, se eliminaron subsidios, se cerraron más de 200 empresas paraestatales. En la política social dominaron los cambios constitucionales para afianzar la salud y vivienda públicas
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La ideología neoliberal aplicada por Reagan y Thatcher , comenzó a inspirar las reformas mexicanas durante el gobierno de Miguel de la Madrid y se agudizó en el periodo salinista. Se trataba de lograr de inmediato la firma del TLC, controlar la inflación alcanzada en el sexenio previo e imponer la disciplina fiscal; al mismo tiempo que se buscaba que la gran burguesía, "que el estatismo mantuvo por tanto tiempo dependiente y débil", se convirtiera en la clase estratégica
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Los procesos de globalización y liberalización del mercado no abatieron la pobreza y desigualdad como preconizaban. Se replanteó la intervención del Estado para ofrecer a los más desprotegidos "oportunidades" en educación, salud y vivienda, entre otros.
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La crisis económica posterior a la devaluación de diciembre de 1994 propicia la disminución del bienestar social de la población. La creciente desigualdad social niega la vigencia de los postulados de la Revolución Mexicana plasmados en la Constitución