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La política social en México posrevolucionario encuentra sus orígenes históricos, políticos y filosóficos en la Constitución Política Mexicana de 1917. En particular, la política social se ha nutrido de los artículos 3°, 4°, 27° y 123°.
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Se inició la mayor campaña de alfabetización conocida hasta esa época, además se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la dirección de José Vasconcelos. Se aumentó el gasto social y con ello el presupuesto destinado a salud, creándose el Centro de Higiene Eduardo Liceaga y el Centro de Higiene Manuel Domínguez.
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Se llevaron a cabo acciones no sólo de beneficencia pública, sino a nivel social, como el proyecto de ley del Seguro Obrero para Accidentes y Enfermedades Profesionales, la creación del Dormitorio para Niños cuya función consistió en brindar atención y varios servicios a niños sin hogar o abandonados en la vía pública y se creó el Reglamento de la Dirección de Higiene Escolar en el Distrito Federal, entre otros.
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Empezó a utilizarse la palabra marginados existiendo un fuerte interés por la asistencia social, sobre todo en las grandes ciudades, ocasionando la atracción de emigrantes.
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La política social mantuvo un tinte ocupacional, aunque en aquellos años se adaptaría a la nueva estrategia económica: la industrialización a través de la sustitución de importaciones.
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El Estado se abocó a participar en el abatimiento de los rezagos económicos y sociales que provocaron el conflicto armado, induciendo el proceso de industrialización y el crecimiento
económico. -
En este sexenio el gobierno y el gasto público irrumpió la escena
del crecimiento económico. La política social no estuvo exenta de este giro; de hecho, la meta de la política social sirvió como justificación para la intervención gubernamental. -
Se descubrieron enormes yacimientos de petróleo, siendo un factor
determinante en la aplicación de la política económica nacional.
Las anteriores políticas restrictivas del gasto rápidamente fueron
cambiadas por una política de derroche. La frase que se convirtió en el estandarte del sexenio fue que México, de entonces y en adelante, tendría que aprender a “Administrar la abundancia”. -
La política social entró en un impasse. Se llevaron a cabo cambios en la Constitución con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a una vivienda digna. Se procuró una desconcentración administrativa de la política social a través de los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) pactados con los estados.
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Se realizaron una serie de reformas estructurales operadas a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Si bien se logró reasumir un crecimiento económico sostenido y el empleo empezó a repuntar, el crecimiento tendió a reconcentrar el ingreso en el país.
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En su programa de gobierno, el desarrollo social se concebía como
integral, incluyente, participativo y federalista. Bajo estos términos, la política social siguió teniendo como objetivo principal erradicar la
pobreza y sus estrategias continuaron por el rumbo de la descentralización. -
Las políticas públicas de desarrollo económico -incluidas las políticas macroeconómicas contracíclicas, para enfrentar las recesiones- se mantuvieron en el abandono, bajo el dogma según el cual la contribución nodal del Estado al crecimiento económico consiste, simplemente, en la creación de un marco de “estabilidad
macroeconómica”
