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El artículo 6º de la CPEUM declara que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
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Esta reforma propuso que fuera de rango constitucional el derecho a la información, pues es una de las bases de sustentación democrática, como sistema de vida "el derecho a la información será garantizado por el Estado."
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Se instaló el Consejo Consultivo de la Comisión para la Transparencia y Combate a la corrupción integrado por dieciocho dependencias del gobierno federal.
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Nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública “IFAI” encargado de garantizar que todas las dependencias federales en México hagan pública la información sobre el uso de recursos, asignación de sueldos, así como los criterios para la toma de decisiones del gobierno.
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Garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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El índice de Derecho de Acceso a la Información en México mide la calidad de las leyes de transparencia según las prácticas nacionales e internacionales al igual que los estándares constitucionales en la materia.
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Se sentaron las bases para la construcción de una nueva relación entre los órdenes de gobierno y el impulso de un federalismo eficiente y eficaz que permitiría diseñar, desarrollar y ejecutar políticas públicas en transparencia y acceso a la información.
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La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se creó para consolidar esfuerzos que se realizaron en los últimos años en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción por medio de las suscripción de iniciativas e instrumentos internacionales.
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Esta ley garantizael derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos.
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Se creó este sistema par establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para su funcionamiento.
