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Antecedentes del derecho de acceso a la información pública (DAI).
Se deriva de las reformas del artículo 6° Constitucional, relativas al Derecho a la Información, que se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó casi 20 años después; a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos. -
Transición a la democracia en el año 2000
Se implementaron diseños institucionales, políticas y nuevas
prácticas democráticas para consolidar un Estado más responsable ante la ciudadanía, que rinda cuentas. Como una medida de consolidación de la democracia, se vivió en el país un impulso por la transparencia y el acceso a la información. -
Seminario del Grupo Oaxaca
Medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública. -
Consulta pública
Inserción del tema en la agenda pública, para contar con una ley de acceso a la información. -
Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)
Iniciativa del Grupo Oaxaca, (PRI, PRD, PT y Convergencia), dicha promulgación tuvo dos componentes fundamentales: 1) El reconocimiento de que los ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla, es decir, el reconocimiento legal del DAI. 2) La construcción de un complejo entramado de instituciones y de
procesos para implementar dicho derecho. -
IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información
Se creó al promulgarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP). -
Declaración de Guadalajara
Las diferencias entre los marcos legales estatales y el federal tuvieron como resultado que, el 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara y promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. -
Decreto de adición de un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución.
La aplicación del nuevo contenido, trataba de solventar problemas en los estados: restricciones al derecho a la información pública; criterios para considerar reservada la información excesivamente laxos; interpretaciones restrictivas del derecho a la información; y organismos sin autonomía de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales no subsanaron sus deficiencias; el proceso de adecuación de las legislaciones estatales no cumplió en todos los casos con las metas establecidas. -
Reformas al artículo 6° Constitucional
En 2013 se hicieron reformas que garantizaron en correspondencia por lo dispuesto a los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. -
Publicación en el DOF de otra reforma al artículo 6° constitucional
Esta reforma se hizo para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México. -
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto. Buscaba reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor
de la transparencia. -
Transformación del IFAI por el INAI
En la transformación del IFAI al INAI, se le asigna la misión de armonizar la política de transparencia a nivel federal.
El INAI se compone de un pleno de siete comisionados que gozan de independencia y autonomía constitucional. Entre las funciones del pleno destacan: la expedición de criterios y lineamientos en materia de clasificación de la información gubernamental y protección de datos personales, y la resolución de recursos de revisión que interpongan los ciudadanos
