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Se promulgan las reformas al art. 6º relativas al derecho a la información, de las cuales se deriva el DAI.
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Nuevos diseños institucionales, políticas y prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
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Se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones gubernamentales.
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Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)
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Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro.
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La independencia de la política de transparencia comienza, cuando se conformó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
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Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que modificaba la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
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En los estados de Nuevo León, Coahuila y Michoacán no se promulgaron este tipo de normas, sino hasta al final de ese año, llegando al momento en que todos los estados, contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
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Se constituyó el Open Government Partnership, que es una organización internacional que tiene como objetivo alentar a los países miembros a implementar los lineamientos de gobierno abierto.
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Se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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Se publica en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
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Se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.