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El DAI, se deriva, de las reformas relativas al derecho a la información que se promulgaron en 1977.
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En el año 2002, un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información
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Invitaba a los estados a normar sobre transparencia, pero no otorgaba un marco general sobre el que se regulara la
transparencia a nivel estatal -
Fueron Jalisco, Sinaloa,
Aguascalientes y Querétaro, en 2002 -
El 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de
Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. -
Para 2008, todos los estados contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información. A pesar de ello, el marco normativo en cada estado era muy distinto, lo que derivó en una enorme heterogeneidad en las normas y en la efectividad de su aplicación .
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Obligación de ciertas instituciones (sujetos obligados) a dar acceso a la información de forma pasiva y de forma proactiva
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Se hacen reformas al art. 6° constitucional las cuales garantizaron el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna
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Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México.
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Se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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A partir de 2002 , dos elementos de los que se encarga el INAI: 1) una política para transparentar de forma proactiva la información de las dependencias gubernamentales , 2) un sistema de acceso a
la información pública cuando la información gubernamental no estuviera disponible. -
En 2005 se emitió el acuerdo para la creación De la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico, que tuvo como principal objetivo usar las TIC para el buen gobierno.
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Consiste en un conjunto de garantías jurídicas que
afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para conocer las acciones y decisiones de sus
representantes y eventualmente sancionarlos por mal desempeño o recompensarlos.
