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Derivado de las reformas al artículo 6º constitucional, promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, casi cuatro lustros después, a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos.
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la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)
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Impulsar los principios de publicidad, transparencia informativa y apertura gubernamental en la República Mexicana en los niveles constitucionales de gobierno, a fin de lograr un mejor cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a los órganos de acceso a la información pública locales y al IFAI. Fomenta cultura de transparencia, clasificación de información y programas de actualización.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que modificaba la Constitución para incluir al Derecho del Acceso a la Información DAI en este nivel.
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Organización internacional que tiene como objetivo alentar a los países miembros a implementar los lineamientos de gobierno abierto. Compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías
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México ha tenido un compromiso duradero con el uso de las TIC para apoyar las reformas en el sector público y fomentar la buena gobernanza mediante la mejora de la transparencia, la calidad y la eficiencia del gobierno.
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Construcción de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos, mediante la adopción de las TIC en el Gobierno de la República, El gobierno de la República Mexicana publicó la Estrategia Digital Nacional derivada de la Estrategia Gobierno Cercano y Moderno
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El sistema se llamaba “Infomex” y a partir de la reforma a la ley, su nombre cambió a “Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal”.
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Se compone de un pleno de siete comisionados que gozan de independencia y autonomía constitucional, INAI dicta la política de transparencia y los lineamientos que en esta materia deben seguir los sujetos obligados.
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Producto de una demanda ciudadana, que mandata al Estado la rendición de cuentas, la evaluación y la sistematización, con el objetivo de la prevención y el combate a la corrupción y evitar que los objetivos de las dependencias del gobierno se desvíen.
