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El derecho de acceso a la información se deriva de reformas al artículo 6° constitucional en 1977 y que cuatro lustros después se definirían como un derecho para los ciudadanos. Aquí empieza la travesía de el acceso a la información.
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Medios de comunicación y académicos exigen que se cuente con una ley de acceso a la información, derivando en la Ley Oaxaca, insertando el tema en la agenda pública y la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (LFTAIP)
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Los primeros estados en promulgar dicha ley fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro en el 2002, incluso Jalisco y Sinaloa antes que lo hiciera el gobierno federal. la ley tuvo dos componentes importantes: el reconocimiento de los ciudadanos a solicitar información y la construcción de entramados institucionales para tal propósito.
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Veinte entidades promulgaron leyes en materia de Transparencia y el resto de los estados tardó casi 5 años en hacerlo.
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Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaron dicha declaración, promoviendo una reforma constitucional en materia de transparencia, posteriormente entregando una iniciativa al Legislativo Federal.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba la Constitución para incluir el Derecho de acceso a la Información; adicionando un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6°.
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Para el 2008, todos los estados contaban con legislaciónen materia de transparencia y acceso a la información, cada estado contaba con un marco normativo muy distinto uno del otro, derivando en una heterogeneidad y en las normas y su efectividad.
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Hacia el 2013 se reformó el artículo 6° constitucional, las cuales garantizaron lo dispuesto a los tratados internacionales en materia de que toda persona es libre de tener acceso a la información.
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Posteriormente se publica en el DOF otra reforma más, fortaleciendo así el derecho de acceso a la información.
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Se promulgó la Ley General de Transparencia fortaleciendo mecanismos de acción al acceso a la información y para que el Estado mexicano sea un gobierno abierto.