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De las reformas al artículo 6° Constitucional se derivan los derechos al acceso a la información pública, promulgadas en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyo después de casi 20 años, con la finalidad de que la sociedad desempeñara el derecho a la información de índole gubernamental.
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Desde el año 2000, se implementaron proyectos prácticas democráticas nuevas con la intención de consolidad un Estado con rendición de cuentas más conscientes a la ciudadanía.
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Tanto medios de comunicación como académicos exigieron se contara con una ley de acceso a la información por lo que en un seminario convocado en Oaxaca, en dicho seminario se originó la Declaración de Oaxaca y se promulgo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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A partir del 2002 se establecieron políticas de transparencia, en primera se instaló el IFAI, para asegurar el derecho a la información.
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Inicia la construcción para la creación de las leyes de los Estados a partir de la formación de la COMAIP, el IFAI en coordinación entre los organismos locales y el federal, asesoraría a los estados para la creación de sus propias leyes.
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Con el objetivo de promover la transparencia y rendición de cuentas y consolidar un México abierto, lanzó el septiembre de 2011 como una iniciativa que busca promover acciones que contribuyan a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica en el gobierno, con el fin de fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.
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Tras la publicación de la Ley General de Transparencia, se le asignó la función de protección de datos personales, en su transformación al INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales), asimismo la misión de armonizar la política de transparencia a nivel federal.
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Lo conforman el INAI, los Organismos garantes de la transparencia de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instituye la transversalidad orgánica para el desarrollo de los procesos y operatividad integral sistémica.
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Con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecieron las bases para la construcción de una nueva relación entre los órdenes de gobierno con un federalismo eficiente por medio de la coordinación entre la federación y los estados.