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Esta legislación colonial creó la categoría jurídica de "indio" con protecciones ambivalentes. Aunque buscaban mitigar los abusos, estas leyes también los subordinaban, sentando las bases de la desigualdad estructural y el "colonialismo interno".
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Durante este periodo, se produjeron rebeliones notables como la Guerra de los Mixtones (1540-1542) y el levantamiento de Jacinto Canek (1761). Aunque fueron reprimidas, estas resistencias mantuvieron viva la identidad indígena y obligaron a la Corona a emitir leyes protectoras
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La abolición de la categoría de "indio" y su conversión a "ciudadano" en 1821, aunque en teoría buscaba la igualdad, en la práctica les despojó de las protecciones coloniales. Esto facilitó la desamortización de sus tierras comunales
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Esta ley liberal de desamortización de bienes de corporaciones civiles afectó directamente a las tierras comunales indígenas, provocando la venta masiva y la proletarización de los indígenas.
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La desposesión generó grandes rebeliones como la Guerra de Castas en Yucatán (1847-1901) y la Resistencia Yaqui en Sonora, demostrando la lucha por la defensa del territorio y la autonomía.
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Impulsado por Emiliano Zapata, este plan puso la restitución de tierras en el centro de la agenda revolucionaria. La reforma agraria que siguió, aunque restituyó tierras, subsumió la identidad indígena bajo la categoría de "campesino", dejando pendientes los derechos colectivos de autonomía y autodeterminación
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La creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948 buscaba "integrar a los indígenas a la cultura nacional" mediante la "aculturación". Este enfoque evolucionó hacia un discurso de "desarrollo con identidad" con la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2003, pero el paternalismo estatal persistió
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México ratificó este instrumento internacional que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como derechos territoriales y culturales. Este convenio tiene rango constitucional y ha sido clave en las demandas judiciales indígenas.
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El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional visibilizó globalmente las demandas de autonomía, libre determinación y dignidad, y no solo la cuestión agraria.
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Estos acuerdos, firmados entre el EZLN y el gobierno, reconocieron la autonomía y libre determinación indígena. Sin embargo, el Estado incumplió los acuerdos, lo que llevó a los zapatistas a construir su propia autonomía de facto.
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Se reconoce a pluriculturalidad de la nación y los derechos indígenas a nivel normativo, incluyendo el derecho a la libre determinación y la autonomía. No obstante, su implementación efectiva sigue siendo un desafío
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Un avance crucial fue el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.
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El caso Tecoltemi vs. Concesiones Mineras (2022) estableció un precedente sobre la obligatoriedad de la consulta previa para proyectos extractivos al ordenar la cancelación de concesiones. No obstante, la lucha por una reforma sistémica de la Ley Minera persiste
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A pesar de los avances normativos, existe una brecha persistente entre el reconocimiento legal y la realidad de los pueblos indígenas. Enfrentan una discriminación estructural y pobreza, así como un acceso limitado y barreras lingüísticas, culturales y estructurales al acceso a la justicia. Los conflictos territoriales por megaproyectos y la violencia generan desplazamiento forzado, lo que demuestra que la lucha por la implementación de los derechos reconocidos legalmente sigue vigente.