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Las mujeres trabajadoras lograron un acuerdo que supliera las necesidades que ellas tenían en cuanto a su trabajo este es el primer paso de la mujer en Colombia para lograr un inicio en la equidad de genero.
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Ley 70 de 1930 autoriza la constitución a favor de la esposa e hijos de un patrimonio que no se puede embargar denominado patrimonio familiar.
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Las mujeres que sean mayores de edad podían manejar e administrar y disponer sus propios bienes sin la autorización de su pareja.
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Se logro establecer el bachillerato para la mujer y esto contribuyo para que en 1937 la mujer pudiera ingresar a la universidad.
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Colombia hizo reformas en la constitución, declarándolas como ciudadanas con participación en el ámbito político con su derecho al voto.
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Gracias a la ley 75 1968 se creo el instituto de bienestar familiar, el cual dio normas a favor de la mujer declarando que podrían tener la patria potestad de sus hijos y le da el mismo derecho que el hombre de ser tutoras de sus hijos.
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Expedida durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, la cual contiene normas de protección a la familia.
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Se hicieron reformas para que la mujer tuviera igualdad respeto a los hombres, sin ningún tipo de discriminación obteniendo los mismos derecho y obligaciones que los hombres.
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Las mujeres pueden reclamar sus derechos ante los tribunales, ya que esto es necesario para una mejora en sus necesidades civiles.
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La ley 95 de 1980 garantiza la igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres, elimina cualquier forma de discriminación.
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Según el decreto 763 de 1980 crean el consejo nacional para la integración de la mujer al desarrollo, contando con asesoramiento al presidente para la inclusión de la mujer.
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Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
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Ley 294 de 1996. La presente Ley tiene por objeto desarrollar un ámbito familiar favorable mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta
su armonía y unidad. -
Ley 599 de 2002. La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar
medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. -
LEY 823 DE 2003. La presente ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado.
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Ley 1009 de 2006 Créase con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, OAG tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la Jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia.
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Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres,hacer esto causaría procedimientos penales.
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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género
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Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012,
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Decreto 1930 de 2013. Adóptese la Política Pública Nacional de Equidad de Género, la cual estará compuesta por el conjunto de politicas, lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones,
instancias y el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias. -
Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado