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En la reforma al artículo 6 y 7 se adicionan elementos en materia de libertad de expresión y derecho a la información dentro de la reforma del Estado.
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Tras el monopolio gubernamental de 70 años, se da la transición política en el marco de la democracia para la alternancia del poder; se implementan diseños institucionales, políticas y nuevas
prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas. -
Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro. De hecho, Jalisco y Sinaloa lo hicieron antes que el gobierno federal. Posteriormente, entre 2003 y 2006, veinte entidades promulgaron leyes en materia de transparencia y, el resto, tardó más de 5 años en hacerlo.
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Acontecen dos sucesos fundamentales: un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP).
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Dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia
Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaron la Declaración de Guadalajara y promovieron una reforma constitucional en materia de transparencia. -
En 2006 se entregó al Legislativo Federal una iniciativa de reforma constitucional que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los ocho partidos políticos representados en el Congreso. Tras el proceso legislativo de rigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba la Constitución para incluir al DAI en este nivel. En este decreto se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución.
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En los estados de Nuevo León, Coahuila y Michoacán no se
promulgaron este tipo de normas, sino hasta 2008. Desde entonces, las entidades que más han reformado sus leyes, a partir de su promulgación, son: Ciudad de México, Morelia, el Estado de México, San Luis Potosí y Jalisco. Para 2008, todos los estados contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información. -
Se hicieron las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión. -
Se publica en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México.
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Derivado de la reforma de 2014, en mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto. También se transformó́ el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al otorgársele autonomía constitucional.
