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En la década de 1980, un colapso en los precios del petróleo y el incumplimiento de la deuda externa, seguida de cinco años de estancamiento económico, provocaron un cambio importante en el modelo económico. México fue uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar los principios del mercado competitivo como piedra angular del desarrollo económico.
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La administración del presidente Carlos Salinas, decidió impulsar una reforma enfocada a la desregulación económica interna. Primero esa necesario romper con la oposición interna a la reforma y atraer la inversión. Segundo, para facilitar el flujo de bienes y servicios, a través de la economía, se tenía que eliminar los cuellos de botella regulatorios y reactivar la inversión nacional y extranjera.
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Se aprobó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece las directrices para la interacciones administrativas entre el gobierno y los particulares.
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Se expidió el acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, el cual conformó el primer programa sistemático de reforma de la reglamentación en México. Específicamente, se creó el Registro Federal de Trámites Empresariales y el proceso de desregulación de los trámites.
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Se logra el acuerdo para crear la primera vía rápida para la creación de empresas en la Ciudad de México. Se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tal que se introdujo un análisis obligatorio público, que midiera impacto de la regulación a nivel federal.
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Se reformó la Ley Federal sobre Normas y Medidas. La reforma estableció un principio de equivalencia en la desregulación de las reglas y normas técnicas, por otro lado, estableció el análisis de impacto regulatorio para el proceso de elaboración de las normas.
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Con la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se creó la COFEMER, y se establecieron los principales aspectos de la reforma regulatoria en la Ley, incluían: la desregulación de los trámites y la creación del Registro Federal de Trámites y Servicios, la revisión obligatoria de las propuestas de regulación general, un mandato de la COFEMER para proponer las reformas del sector específico y las bases para la cooperación entre los gobiernos estatales y el federal.
