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Se busco no enjuiciar a la institución de las Fuerzas Armadas.
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Clyde Snow colaboró con la CONADEP en la identificación y determinación de causas de la muerte de los desaparecidos.
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Estableció un límite para presentar acciones judiciales contra los militares, que fueron 60 días para la recepción de denuncias y para iniciar un procesamiento judicial.
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Amparaba y eximia de responsabilidad penal a todos los oficiales subalternos, es decir, solo serían juzgados los militares de alto rango que dieron órdenes.
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Decretados por el gobierno de Menem, justificando el decreto de perdón a líderes guerrilleros y jefes militares.
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