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Mediante una resolución presidencial emitida por Venustiano Carranza, se le otorgaron 396 hectáreas al poblado de San Cruz de la Soledad, municipio de Chapala.
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Por Resolución Presidencial se concedió al poblado la primera ampliación del ejido, alcanzando una superficie de 481 hectáreas, es decir, se le aumentaron 85 hectáreas de tierras de uso común.
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El Gobierno del Estado de Jalisco solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 72,939,90 metros cuadrados (poco más de siete hectáreas) de terrenos ejidales, para destinarlos a la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara.
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Se convocó a una asamblea para someter a votación la posible venta del cerro de El Cántaro. La oferta fue rechazada.
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Bajo el folio mercantin 68195, nace Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A. de C.V. Mediante su apoderada legal Adriana Gómez Maciel. A partir de ese momento, la intervención, intimidación e imposición, se implantaron en el ejido.
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Se promovió una asamblea para para aprobar un reglamento interno que afectó a los ejidatarios para así tomar fuerza y dividir el voto.
El reglamento señala que si algún ejidatario sale sin pedir permiso de la asamblea, es motivo de suspensión o separación. De contar con por lo menos tres inasistencias al año, los ejidatarios son privados de sus derechos. -
Gracias a que muchos de los ejidatarios fueron suspendidos, se aprobó con cuatro votos de ventaja la venta de 145 hectáreas de las 164 de uso común del Cerro del Junco a San Cruz Inmobiliaria. Por esas mismas fechas, la asamblea también otorgó 130 hectáreas a 19 personas ajenas a la comunidad, conocidos como avecindados, mismas que también llegaron a manos de la inmobiliaria, por lo que por el momento tiene 275 de las 450 hectáreas que necesita para la contrucción del proyecto habitacional.
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Actualmente hay 64 ejidatarios activos, luego de suspendidos a 42 radicados en Estados Unidos, 56 que fallecieron y cinco repetidos. Mediante esta estrategia ilegal, se impuso una nueva mesa directiva, desconociendo a la de Martha Rodríguez García.
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El Séptimo Tribunal en Materia Administrativa dio respaldo a la mesa directiva de Martha Rodríguez García. Ahora están a la espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legitimar a una de las mesas directivas.