
Momentos claves del histórico proceso depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras
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Diario El Heraldo revela que la cúpula policial ordenó y ejecutó la muerte del titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, el 8 de diciembre de 2009; de su asesor, Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre de 2011. La noticia cita a informes internos de la Policía Nacional que indican cómo en el Cuartel General de Casamata se hizo el complot para acabar con la vida de González y Landaverde.
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La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público intervino las instalaciones del Cuartel General de Casamata para decomisar información relacionada a la vinculación de policías con el asesinato del director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González.
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El presidente Juan Orlando Hernández advirtió que la Policía Nacional estaba condenada a desaparecer si no se lograba que en un corto o mediano plazo fuera depurada. Esta advertencia fue formulada ante el conocimiento de que varios elementos uniformados manifestaban resistencia al adecentamiento.
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El Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 21-2016 que dio vida a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, conformada tras la revelación de sendos complot de cúpulas policiales para matar al zar antidrogas, Julián Arístides González en 2009 y su principal asesor, Alfredo Landaverde, en 2011.
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El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto PCM 029 -2016 para la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, mediante el cual amplía las facultades dadas a la Comisión Especial de Depuración.
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El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentó a los miembros: Omar Rivera (ASJ); Alberto Solórzano (CEH) y Vilma Morales (Interventora del IHSS). Como asesores fueron nombrados: Carlos Hernández (ASJ); German Leirzelar (Interventor del IHSS) y Jorge Machado (CEH).
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La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional pide informes de nueve generales de la Policía Nacional para iniciar una investigación que se hizo desde la cúpula a la escala básica, un mecanismo que no fue practicado en otros procesos, ya que generalmente las evaluaciones se hicieron desde los mandos bajos. Entre los investigados se encontraban el director policial Félix Villanueva y los exdirectores,Juan Carlos Bonilla, José Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón.
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El periódico estadounidense The New York Times reveló el informe de la Policía Nacional con nombre, apellido y rangos de los oficiales que, según el documento, fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de los zares antidrogas, Julián Arístides González. Esta revelación creó un nuevo cisma en la Policía Nacional.
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La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional frenó el retiro voluntario de varios altos oficiales de la Policía Nacional previsto para abril de 2016. Se tenía contemplada una ceremonia con honores para algunos jerarcas, pero los depuradores lograron que el presidente Juan Orlando Hernández ordenara la suspensión de acto porque habían investigaciones en curso en contra de los oficiales, reveló la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
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Los policías mencionados en el informe sobre el asesinato del general Julián Arístides González, publicado en un reportaje de The New York Times, negaron haber tenido participación en este crimen y se pusieron a la orden de las autoridades del país para ser investigados.
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Los policías mencionados en el informe sobre el asesinato del general Julián Arístides González, publicado en un reportaje del reportaje de The New York Times, negaron haber tenido participación en este crimen y se pusieron a la orden de las autoridades del país para ser investigados.
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El presidente Juan Orlando Hernández reafirmó su apoyo a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional luego que algunos mandos del ente armado se mostraran inconformes con el mecanismo de limpieza de la institución. La depuración no se detendrá, aseguró el gobernante en una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad.
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La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional inició las sacudidas en el ente armado con la separación de los primeros jerarcas al cancelar a los comisionados Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y Leandro Osorio Canales. También fueron suspendidos de sus puestos los exdirectores de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón.
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La Comisión invitó a dialogar al exministro de Seguridad, Arturo Corrales, para que explicara dónde se encontraban las planillas completas de empleados de esa dependencia, ya que solo se encontró información parcial. También fueron llamados el exdirector de la Policía, Juan Carlos Bonilla, a fin de que rindiera cuentas sobre el extravío de su expediente, y la exjefa de Asuntos Internos, María Luis Borjas, para que profundizara en denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la institución.
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El exministro de Seguridad, Arturo Corrales, compareció ante la Comisión Especial de Depuración de la Policial Nacional, ante la que expuso que, en efecto, contaba con un registro digitalizado de las planillas de empleados de ese ministerio y otra información de los expedientes, pero que no podría entregarlo hasta que dicha dependencia tuviera un soporte tecnológico para transferir la información.
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El integrante de la Comisión Especial de Depuración, Alberto Solórzano, denuncio que policías que fueron depurados sostuvieron reuniones para planificar atentados en contra de ese órgano, pero que no se retrocedería en el proceso de limpieza de la institución.
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Los miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgieron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la entrega de informes patrimoniales de 27 elementos de la Policía Nacional.
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La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional declaró en abandono de su puesto al exdirector policial, Ramón Sabillón, quien se encontraba suspendido por investigación de muertes emblemáticas y salió del país el 24 de abril de 2016 sin solicitar autorización.
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La Alianza por la Paz y la Justicia denunció que nuevamente miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional son víctimas de intimidaciones. En la casa de uno de los depuradores fue dejada una nota en la que con letras recortadas de periódicos fue escrito: “Lo va a pagar caro”, junto a una fotografía de una persona tiroteada dentro de un carro.
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La Comisión Especial de Depuración Policía Nacional lanzó oficialmente la plataforma “Honduras Denuncia“ , mediante la cual se pusieron a disposición el correo honduras@denunciapolicias.com, la línea telefónica 2213-1439 y en la página web www.denunciapolicia.com para que la ciudadanía reportada de una forma segura actos de corrupción de elementos armados.
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Un total de 924 policías certificados se gradúan en Técnico Superior no Universitario en Ciencias Policiales, el mayor grupo de elementos que se profesionalizan en medio del proceso de depuración y que representan parte de los 23,000 nuevos elementos que, según la Comisión Especial de Depuración, tendrá en ente de seguridad en 2018.
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Los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional realizaron una gira en Estados Unidos para exponer los alcances del mecanismo de adecentamiento de la institución ante varios funcionarios de ese país. El Wilson Center desarrollaron el foro ‘La Policía Hondureña: ¿Se ha avanzado en el proceso de depuración y reforma?’
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En razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional fueron cancelados los comisionados generales José Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares y por abandono del cargo al también general Ramón Antonio Sabillón Pineda. Por primera vez, tres exdirectores de la Policía Nacional son separados en el marco de la depuración.
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Por haber sido acusados por narcotráfico en Estados Unidos, la Comisión Especial de Depuración canceló a los policías Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez.
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Medios de comunicación informaron que la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional procedería al despido de abogados que hicieron borrones o alteraciones en acta o resoluciones de despido contra efectivos que reprobaron las pruebas de confianza.
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La Agencia Técnica de Investigación Criminal hizo una intervención de la Secretaría de Seguridad para indagar sobre los antecedentes de 562 policías que hasta agosto de 2016 habían sido separados de la Policía Nacional por parte de la Comisión Especial de Depuración. Se inició una primera investigación de casos de policías depurados.
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El gobierno de Estados Unidos canceló la visa a unos 200 policías por diferentes actos irregulares. La embajada estadounidense se limitó a decir que no podía comentar acciones sobre procesos de cancelación de ese documento, pero no desmintió la información divulgada por medios de comunicación.
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La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carreta Policial emitió informes que establece que unos 26 policías amasaron fortunas que suman 326 millones de lempiras, según informes de La Prensa. Entre los efectivos que tiene incongruencias patrimoniales se encuentran los exdirectores policiales: Salomón Escoto Salinas, José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid. También se mencionó al director de la Policía Félix Villanueva.
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De total de 43 policías mencionados en informes como participantes en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González y el asesor Alfredo Landaverde, 33 ya habían sido separados antes de que entrara en operaciones la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional y otros siete fueron destituidos por el órgano depurador, según el comunicado 27 de ese ente.
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La Comisión Especial de Depuración confirmó en sus cargos al director de la Policía Nacional, Félix Villanueva y al subcomisionado Javier Díaz Herrera, quienes según reportes de prensa presentan incongruencias patrimoniales detectadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. No obstante, la Comisión aclaró que si los señalados no aclaraban los señalamientos en el proceso de recertificación, serían separados.
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La Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció que apoyaría la depuración de la Policía Nacional. Días antes el gobierno de Honduras solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que acompañara el proceso.
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De 2,273 policías evaluados por la Comisión han sido separados 1,521 elementos luego de un riguroso proceso de evaluación, según un informe presentado por los depuradores. 1,217 fueron cancelados por reestructuración y 130 que han sido retirados de manera voluntaria. Otros 15 policías se encuentran suspendidos y el resto han sido ratificados.
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Producto de una denuncia recibida en la plataforma “Honduras Denuncia”, que la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional remitió al Ministerio Público, la ATIC intervino las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en el Ocotal, Francisco Morazán, para decomisar documentación de presuntos actos irregulares como el desmantelamiento de patrullas.
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Un total de 260 denuncias contra miembros de la Policía Nacional han sido recibidas por la plataforma Honduras Denuncia, de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional desde su habilitación en junio de este año. El 71% del total de las denuncias recibidas ya están siendo analizadas por la Comisión. El 16% son acusaciones que no cumplen con el criterio de falta o delito, mientras que el 13% restante requieren de información adicional.