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Movimiento feminista colombiano que ayuda a promover la ley 28 de 1932, que le reconoció a la mujer el derecho a administrar sus bienes.
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Con el decreto 1972 de 1933 se reconoce el derecho de la mujer de acceder a la educación superior. En una cláusula en la reforma constitucional de 1936 se autorizó el derecho de la mujer a ocupar cargos públicos.
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En un plebiscito realizado en 1957, se reconoció el derecho al voto para las mujeres colombianas. "En esta fecha histórica participaron 1.835.255 mujeres. El voto femenino se logró en el país gracias a la reforma constitucional realizada el 27 de agosto de 1954".
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Con esta ley, Colombia ratificó el convenio 100 de la OIT que promovía la igualdad en la remuneración salarial entre hombres y mujeres.
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Con este decreto se declaró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en Colombia.
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En los años 60 y 70 se consolidaron fuertes grupos feministas, como el Colectivo de Mujeres que promovía el derecho al aborto. Se creó la primera Casa de la Mujer en Bogotá. Surgen grupos como Mujer y Sociedad en la Universidad Nacional de Colombia, La Organización Femenina Popular de Barrancabermeja, y se crean eventos como El Congreso Panamericano de Mujeres Sindicalistas en Bogotá y el Primer Encuentro de la Mujer Trabajadora.
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Las mujeres participaron activamente en la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución Política de Colombia de 1991. En sus artículos 13, 40, 42 y 43 se promueve la igualdad, la participación, la protección de la mujer, entre otros derechos.
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Con la ley 25 de 1992 se otorgó a las parejas casadas por la iglesia el derecho al divorcio.
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Las organizaciones de mujeres impulsaron la ley 294 de 1996 que sanciona la violencia intrafamiliar en Colombia.
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En 1996 se crea la Ruta Pacífica de Mujeres. Organización que en un inicio trabaja en respuesta a la violación sexual de las mujeres por actores del conflicto armado colombiano. También en esta década se creó la Red Nacional de Mujeres que abogaba por derechos sexuales y reproductivos.
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En el año 2000 los movimientos de mujeres presionan por una mayor equidad en el acceso a ocupar cargos públicos. En lo más cercano a lo que podría ser 'competir en igualdad de condiciones' se crea la ley de cuotas (ley 581 de 2000), que promueve una visión más justa de la competencia, la participación y el acceso a ocupar los cargos decisorios en las ramas del poder público del país. Con esta ley se busca que más mujeres sean elegidas y promovidas.
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En el año 2006 y como parte de un litigio entre una abogada y la Corte Constitucional, se despenaliza el aborto en Colombia en tres situaciones puntuales: violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud de la gestante. La sentencia es la C-355 de 2006.
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Con la ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, el estado colombiano sentó un precedente frente a la erradicación de la violencia contra la mujer.
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El 24 de mayo de 2012 la estudiante de bachillerato nocturno y empleada de cafetería, Rosa Elvira Cely, fue violada, torturada y asesinada brutalmente por un compañero de clase. Este caso fue tan emblemático para la población del país, que generó marchas masivas nacionales y la creación de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), que condena los asesinatos cometidos en función del género o lo que también se tipifica penalmente como feminicidio.
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En uno de los momentos más dolorosos para las mujeres del país, las invisibles y las visibles, se creó la Ley 1773 o Ley Natalia Ponce de León. Es increíble saber que la mayoría de los hitos en la línea del tiempo han sido conseguidos con sangre y con dolor. Después del ataque con ácido que sufrió la víctima, la ley aumentó la pena a 50 años para los victimarios que ataquen con ácido y modificó la pena de 'lesiones personales' a delito autónomo.
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Un hito poco reconocido, es el que se obtuvo con el acuerdo de paz firmado con las FARC - EP. En este acuerdo se establecen 8 ejes temáticos del enfoque de género, como el Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones con los hombres; la Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa del sector rural, entre otros.
