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El auge de la razón y la ciencia durante la Ilustración sienta las bases filosóficas para concebir la educación como un derecho universal, sin limitaciones etarias.
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La Ley N.º 1420 establece la obligatoriedad de la educación primaria e incluye la apertura de escuelas para adultos, aunque con un enfoque infantilizado.
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Se desarrollan espacios formativos destinados a trabajadores, como bibliotecas y escuelas nocturnas, que representan las primeras formas sistemáticas de educación para adultos.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que la educación es un derecho inalienable para todas las personas, sin importar la edad.
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El Estado argentino impulsa políticas específicas para jóvenes y adultos, incluyendo la creación de centros de formación laboral y programas de alfabetización.
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Se crea la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA), formalizando la estructura del área y potenciando la creación de CENS y CENT.
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El Informe Faure, de la UNESCO, propone un modelo educativo centrado en el aprendizaje continuo y en el desarrollo integral de la persona a lo largo de su vida.
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Con la Declaración de Jomtien, se reconoce a nivel global la necesidad urgente de garantizar el acceso de los adultos a la educación básica.
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Se establece la educación permanente como principio rector y se lanza un programa específico que permite a miles de adultos finalizar sus estudios secundarios.
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La emergencia sanitaria global obliga a migrar la enseñanza a entornos digitales, evidenciando brechas tecnológicas y desafíos particulares para la población adulta.