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El gobierno colombiano expide el Decreto 3398 de 1965, conocido como el "Estatuto de Defensa Nacional", que permite a civiles armarse para colaborar con el Ejército en tareas de seguridad contra la insurgencia. Esta norma legalizó la formación de grupos de autodefensa, considerados los antecedentes directos del paramilitarismo.
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El Congreso aprueba la Ley 48 de 1968, que convierte el Decreto 3398 en legislación permanente. Esta ley fue utilizada por sectores del Ejército y civiles para justificar la creación de grupos armados contra las guerrillas, con apoyo o tolerancia del Estado.
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En respuesta a los secuestros cometidos por el M-19, narcotraficantes del Cartel de Medellín crean el grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores). Fue la primera gran estructura paramilitar financiada por el narcotráfico, marcando el inicio de una alianza duradera entre crimen organizado y paramilitares.
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El presidente Belisario Betancur firma un cese al fuego con las FARC en La Uribe (Meta). Este acercamiento provocó temor entre elites y militares, lo que llevó a un crecimiento paralelo de las estructuras paramilitares para frenar avances guerrilleros.
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Un comando paramilitar asesina a 12 investigadores judiciales en Simacota (Santander) que indagaban sobre masacres anteriores. La investigación demostró vínculos entre militares, narcotraficantes y paramilitares, consolidando la alianza ilegal.
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El candidato presidencial Luis Carlos Galán, crítico de los narcos y paramilitares, es asesinado en Soacha. Aunque el crimen fue ejecutado por sicarios del narcotráfico, investigaciones posteriores revelan el rol de estructuras paramilitares en la protección del narcotráfico.
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Se consolidan las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Fidel y Carlos Castaño. Este grupo se convierte en uno de los más violentos y organizados, expandiéndose rápidamente con apoyo de sectores económicos y políticos.
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Se anuncian oficialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una confederación de grupos paramilitares de todo el país. Bajo el liderazgo de Carlos Castaño, se expanden rápidamente y adoptan una estructura militar y política organizada.
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Paramilitares de las AUC, con apoyo de militares, asesinan a más de 30 personas en Mapiripán (Meta), con extrema crueldad. Este crimen fue emblemático de la connivencia entre el Estado y el paramilitarismo.
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El Departamento de Estado de EE. UU. incluye a las AUC en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, debido a sus vínculos con el narcotráfico, las masacres y otras violaciones a los derechos humanos.
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En su discurso de posesión como presidente, Álvaro Uribe Vélez propone negociar con los paramilitares como parte de su política de Seguridad Democrática. Poco después, se establece contacto con los jefes de la AUC.
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Se inicia el proceso de desarme y diálogo en Santa Fe de Ralito (Córdoba) entre el gobierno y las AUC. La negociación busca una salida política para los paramilitares, aunque fue criticada por favorecer la impunidad.
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El Congreso aprueba la Ley 975, que regula el proceso de desmovilización de paramilitares a cambio de beneficios judiciales. Esta ley impone penas máximas de 8 años si confiesan crímenes y colaboran con la verdad y la reparación.
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El gobierno anuncia el fin del proceso de desmovilización de las AUC. Se reporta que más de 30.000 combatientes entregaron las armas. Sin embargo, muchos jefes paramilitares mantienen poder económico y político.
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Tras el acuerdo de paz con las FARC, múltiples grupos armados ilegales emergen, entre ellos el Clan del Golfo, heredero de la estructura de las AUC. Aunque oficialmente desmovilizadas, las prácticas paramilitares continúan bajo nuevas formas.