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Autorizaba el financiamiento nacional de la instrucción pública de las provincias.
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Con vigencia para territorios nacionales, estableció la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y gradual. Fue la piedra basal del sistema educativo argentino.
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Autorizaba al Estado nacional a abrir escuelas en las provincias más necesitadas.
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Da inicio a la desresponsabilización del gobierno nacional en la inversión en educación.
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Facultaba al Poder Ejecutivo para transferir, a través de convenios, todas las escuelas, supervisiones y juntas de clasificación dependientes del Consejo Nacional de Educación existentes en jurisdicciones de las provincias.
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Las Escuelas de nivel medio pasan a las provincias.
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Se impone el modelo educativo neoliberal con lógica de mercado. La educación deja de ser derecho, pasa a ser bien de consumo.
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Concibe a la educación superior y universitaria como un servicio, no garantiza su gratuidad y crea condiciones para que se generen procesos de mercantilización.
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Protege de manera integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales.
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Incrementó la inversión en educación en forma progresiva, hasta alcanzar una participación del 6 % del PBI en 2010. Creó la paritaria nacional docente y el Fondo de Compensación salarial.
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La educación es concebida como bien público y política de Estado. El Estado debe garantizar el derecho social a la educación.
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Establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país desde el Nivel Inicial. Esta ley da origen al Programa Nacional de Educación Sexual Integral.