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En este año, Colombia promulgó una nueva Constitución que reconocía y establecía los derechos fundamentales de los niños. Este hito marcó un compromiso legal y constitucional con la protección integral de los derechos de los niños en el país.
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La Constitución de 1991 fue crucial al reconocer la diversidad étnica y cultural del país, estableciendo derechos específicos para los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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Colombia ratificó esta convención, comprometiéndose a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto incluyó el reconocimiento de su participación activa en todos los aspectos de la sociedad, promoviendo la inclusión y la igualdad.
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Con la creciente crisis migratoria venezolana, Colombia implementó este estatuto para garantizar derechos y protección temporal a los migrantes venezolanos. El estatuto buscó facilitar su participación en la sociedad colombiana y ofrecer medidas humanitarias.
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Este hito judicial marcó un cambio importante al reconocer los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en Colombia. La sentencia sentó un precedente significativo en la lucha por la igualdad y la participación plena de la población LGBTI.
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Esta ley fue un paso crucial para reconocer y abordar los derechos de las víctimas de conflictos armados en Colombia. Buscó facilitar su participación en procesos de reparación y restitución de tierras, proporcionando medidas para la justicia transicional.
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Esta ley representó un paso importante para abordar el problema del acoso escolar en Colombia. Además de prevenir y abordar el acoso, la ley buscó fomentar la participación activa de los niños en un entorno seguro, reconociendo la importancia de su voz y bienestar en el ámbito educativo.
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Esta ley representó un avance significativo al garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Además, promovió activamente su participación en diferentes ámbitos, buscando eliminar barreras y fomentar una sociedad inclusiva.
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La aprobación de este acuerdo en Bogotá estableció una política pública para garantizar los derechos de la población LGBTI. Este acto gubernamental buscó crear un entorno que promoviera la igualdad y la participación activa de la comunidad LGBTI en la capital colombiana.
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Este fallo protegió los derechos de la comunidad ROM, reconociéndolos como un grupo étnico con derechos particulares. La decisión judicial contribuyó a su inclusión y participación activa en la sociedad colombiana.
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La creación de esta unidad fue un esfuerzo para esclarecer casos de desapariciones forzadas y garantizar la participación de las víctimas en la búsqueda de la verdad. La unidad representó un compromiso con la justicia y la memoria histórica.
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Esta iniciativa fue establecida para incluir a los migrantes en procesos de toma de decisiones a nivel nacional. La creación de esta mesa reflejó el reconocimiento de la importancia de la participación activa de los migrantes en la construcción de políticas que afectan sus vidas.