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Este grupo inició acciones dirigidas a implementar un programa de salud mental para víctimas de violencia socio-política
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Es la carta magna de la Republica de Colombia. Fue promulgada en la Constitución número 114 del jueves 04 Julio de 1991; Donde se le conoce como la constitución de los Derechos Humanos.
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Es la carta magna de la Republica de Colombia. Fue promulgada en la Constitución número 114 del jueves 04 Julio de 1991; Donde se le conoce como la constitución de los Derechos Humanos.
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Apoyo a Víctima de Violencia Socio Política Pro – Recuperación Emocional, compuesta por psiquiatras y profesionales de diversas ramas, como medicina, psicología, enfermería y ciencias sociales.
Durante el desarrollo de su trabajo definieron pautas para el acompañamiento, partiendo de la base que la recuperación emocional no depende únicamente del acceso a atención terapéutica, sino que debe incluir acciones dirigidas a la recuperación del tejido social. -
El género también se ha entendido como sustituto del término sexo. En este caso, se advierte un cambio terminológico que empieza a darle más importancia al género, entendido como lo cultural, que al sexo concebido como el aspecto natural o biológico del ser humano. El Consejo de Europa adopta esta visión del género en su “Rapport General” de 1993: “El sexo (género): estatus personal, social y jurídico de un individuo en tanto que hombre, mujer o mixto”.
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El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Hace parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social.
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Como resultado de la falta de precisión terminológica que rodea a la expresión género, en no pocas ocasiones este término es utilizado de manera ambigua y se entiende como perspectiva de género lo que en realidad corresponde a la versión ideológica del mismo. Esto se debe a que, en algunos casos, quienes siguen los postulados de la ideología de género utilizan la palabra “perspectiva” para promocionar sus propuestas.
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Celebrada en septiembre de 1995 en Beijing, en la cual el término género fue ampliamente utilizado en el documento de la Plataforma de acción y constituyó el mayor punto de controversia durante las negociaciones. En dicho documento, junto a la expresión “perspectiva de género”, estaban otras como “análisis de género”, “factores de género”, “igualdad de género”.
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Una tarea pendiente que impulsa la ONU (a través de sus distintas agencias), con especial énfasis a partir de su Programa de Reforma de 1997. Esta propuesta contempla la incorporación del enfoque de derechos en todas las actividades y programas de la organización, así como la exhortación a los Estados miembros a respetar la legislación internacional sobre la materia y la paulatina adopción de políticas públicas orientadas por los derechos humanos (Ferrer, 2007).
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La ley 418 de 1997 (Ley de Orden Público) permite al Presidente de la República, entre otras cosas, adelantar procesos de paz y da herramientas para garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Esta tiene una vigencia de cuatro años, razón por la cual ha sido prorrogada y modificada varias veces.
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Debate de Aportes Violencia política y trabajo psicosocial.
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También es común del lado de las ciencias “psi” encontrarse con intervenciones, donde se está tratando a algunas víctimas de violencia social o política con medicamentos psiquiátricos, a partir de diagnósticos patologizantes y psicologistas construidos con base en las nosologías de la psicopatología, desconociendo en muchos casos los contextos sociales, relacionales, organizativos en los que se mueven las personas y que, por lo tanto, generan inmovilidad.
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¿Qué dice la Ley 715 de 2001?
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. -
Es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, de interés social, que desde el año 2003 viene realizando acompañamiento psicosocial a personas y/o 16 comunidades víctimas del conflicto armado, con el fin de construir condiciones de reparación que dignifiquen y permitan el restablecimiento de los derechos humanos que les han sido vulnerados.
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La Corte Constitucional atiende a dos criterios importantes tales como el principio constitucional de igualdad el cual para su pleno cumplimiento el trato diferenciado entre hombres y mujeres por parte del derecho y de las autoridades sólo es posible cuando dicho trato se configura como una medida a favor de éstas, y siempre que no tenga como trasfondo una supuesta protección que se sustente en la asunción de la mujer dentro de los roles tradicionales.
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En el contexto actual de Colombia y en la coyuntura sociopolítica del presente se ha venido incrementando desde 2005/2006 la demanda de los servicios de “atención”, “intervención”, “acompañamiento” psicosocial en el país.
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La construcción de las diversas formas del estigma social que nacen y se expresan en un lenguaje de sentido común que lo justifican, están las bases de una visión psicosocial promisoria para analizar un tipo particular de conflictos llamados conflictos de reconocimiento, analíticamente distintos de los conflictos de interés y de los ideológicos (Giménez, 2007, p.38).
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Con el fin de delinear el marco donde se circunscribe el interés superior del menor, consagrado en el artículo 44 de la Constitución, pues este artículo no es excluyente ni absoluto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-292 de 2004, expuso los parámetros que se deben tener en cuenta tanto por los funcionarios administrativos como por los jueces que tengan la misión de aplicar las normas de protección a la infancia.
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2009
Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. -
Se tomó como base experiencias de trabajo y de apuesta de acompañamiento psicosocial desde la perspectiva de tres entidades, dos de ellas no gubernamentales: Corporación AVRE y Corporación VINCULOS, y desde el estado, el programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI) del ministerio de salud y de protección social, que forma parte de las medidas de rehabilitación en el marco de la Ley de víctimas y de restitución de tierras 1448 de Junio de 2011.
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Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo.
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La Estrategia de Atención Psicosocial del PAPSIVI, está conformada por un fundamento conceptual y epistemológico, así como por 70 orientaciones metodológicas que estructuran procesos de atención a las víctimas, encaminados a favorecer la recuperación y mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional
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Es en estas circunstancias que la atención en la modalidad
individual viene a cumplir una función primordial dentro
de las formas de reparación integral, y en especial de la
rehabilitación, por cuanto sus acciones se dirigen a restaurar
y reconstruir el sentido de las experiencias derivadas de los
hechos de violencia, que permitan de esta forma reconocerse
como sujetos de derecho a quienes les fueron vulnerados
estos principios. -
Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social de esta Cartera aseguró que “a 30 de noviembre de 2020 se logró brindar atención psicosocial a 46.389 víctimas del conflicto armado en los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Atlántico, Norte de Santander, Arauca, Guainía, Vichada, Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, con una ejecución financiera de $14.364.100.000”.