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La política administrativa fue creada durante la Colonia, época que sigue a la Conquista. A través de ella la población se dedicó a cultivar la tierra, a explotar los minerales, a la actividad comercial y a fortalecer el crecimiento de las ciudades. En virtud de ello surge la prosperidad que a su vez permite el desarrollo de la vida social y cultural.
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Desde la época virreinal se integraron actividades administrativas que tuvieron mayor auge y formalidad, en el segundo virreinato del conde de Revillagigedo, con la fundación de la Secretaría de Cámara del Virreinato de la Nueva España (1756).
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En el siglo XIX, México, después de haber consumado su Independencia, había dejado atrás sus fisonomías indígena y colonial, ya no lo definían ni Tenochtitlán ni Nueva España, aunque ambos lo hubiesen forjado, ahora surgía un nuevo México, que en el siglo XIX vivió un período de luchas intestinas, dos invasiones extranjeras (la francesa y la norteamericana) y una guerra civil que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez.
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En la segunda mitad del siglo XIX aumentó el número de escuelas y programas de capacitación administrativa para formar a funcionarios competentes técnicamente y para enfrentar las necesidades de la burocracia en crecimiento en la capital mexicana.
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En 1906 se intentó reconstruir el servicio civil con la Sociedad Mutualista de Empleados Federales, pero no tuvo buen término. Sin embargo, para finales del porfiriato se creó el Perito Empleado de la Administración Pública, quien fue un servidor civil formado en el área administrativa por la Escuela de Comercio y Administración.
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En cuanto a los primeros gobiernos de la Revolución en las miras de la construcción nacional establecieron las instituciones necesarias y estuvieron abiertos a la necesidad de un servidor público profesional.
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Con la influencia de la escuela francesa, la Organización de Naciones Unidas (1958) emite el documento Servicio Administrativo Internacional, que busca proporcionar formación profesional a los servidores públicos en los países que no contaban con ella, México, por supuesto, se integró en este proceso.
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Como se ha revisado, el personal que participa en la Administración Pública mexicana puede ser un servidor público, funcionario público, analista político o un profesional, cada uno de ellos con características particulares en sus tareas y forma de contratación laboral en el aparato burocrático.
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Existe más de un régimen jurídico en contratación de recursos humanos en el sector público. En esta sección se hará mención sobre la diferencia de las normas de una empresa pública y las que se establecen en la administración pública; en la primera, la rige la legislación laboral general y la segunda cuenta con estatutos especiales. En esta sección se tratarán dos tipos: sindicatos y outsoursing.