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El movimiento migratorio de México a Estados Unidos inició durante el siglo XIX con la firma de este tratado entre ambos países, cuando se estableció la división fronteriza, separando a las dos naciones, lo que ponía a los compatriotas a elegir sobre donde se quedarían a vivir, si en los terrenos que pasaban a formar parte de Estados Unidos o transportarse hacía el Sur en los espacios mexicanos.
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Dentro de este período el gobierno estadounidense no puso restricciones migratorias ya que poseían una política de puerta abierta, convirtiéndose en un país de oportunidades para todos, y porque la economía tenía la capacidad de absorber toda la mano de obra inmigrante que llegara al país.
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Estados Unidos pagó 18.3 millones de dólares a México por el territorio que en ese entonces le pertenecía como son los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Aunque, la frontera fue nuevamente delimitada cuando Estados Unidos pagó otros 10 millones de dólares, obteniendo la parte sur de lo que ahora es Arizona y Nuevo México para asegurar la ruta del ferrocarril hacia California.
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En 1882 el Congreso dicta restricciones a la economía China, siendo sustituida por inmigración de trabajadores mexicanos. Sin embargo, fue hasta 1883 que se implementó dicha ley migratoria con el propósito de que la mano de obra extranjera no reemplazara a los trabajadores Anglos. A pesar de implementar esta ley, la economía norteamericana seguía requiriendo mano de obra mexicana hasta las primeras décadas del siglo XX.
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Los ferrocarriles aumentaron la posibilidad de desplazamiento, utilizado por los enganchadores para engañar a migrantes a través de promesas de grandes ganancias llevándolos hasta el otro lado de la frontera, quienes terminaban trabajando en los campos del sur de Estados Unidos en condiciones inapropiadas teniendo la necesidad de pagar su deuda hacia quienes les habían prestado el dinero para el viaje.
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El Congreso estadounidense aprobó esta ley que exigía a los inmigrantes saber leer, escribir y pagar una cuota por entrada y expedición de visa. Aunque, en el siguiente año se hace una excepción de la ley en el caso de los trabajadores agrícolas, iniciándose la práctica de dejar entrar o expulsar trabajadores mexicanos dependiendo de las necesidades de la economía norteamericana.
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Fue firmado en 1917 por ambos gobiernos por motivo la guerra. Siguió después de tres años terminada y por presiones de los agricultores norteamericanos. Finaliza en 1922.
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Después de este acontecimiento, el movimiento migratorio de México a Estados Unidos retomo fuerza debido a la rápida recuperación de la economía estadounidense y al auge que caracterizó a la década. Entonces volvió la demanda de mano de obra dentro de las fábricas, los campos agrícolas y las minas.
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Con el motivo de las violaciones a los trabajadores migratorios mexicanos por parte de los empleadores norteamericanos, en marzo de este año se expide un modelo de contrato, el cual contenía las garantías que otorga el artículo 123 constitucional. No se permite la salida de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos sin un contrato por escrito, firmado ante un oficial de migración que especificara las condiciones de trabajo.
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En 1920 se estableció un flujo migratorio relevante de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos. Sin embargo, ese país pasaba por una crisis económica que tenía sus efectos sobre los inmigrantes extranjeros, principalmente mexicanos, que en gran parte fueron deportados entre 1920 y 1922.
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El número de emigrantes de esta década iba en aumento, pasando de 480 mil personas a 640 mil. Aunque, con la gran depresión se nota el descenso para ubicarlos en 377 mil migrantes, cantidades similares a la década de 1910.
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El presidente de México prioriza la política de protección de mexicanos en el extranjero y difunde fondos para el auxilio de los migrantes. Dicho gobierno consideraba el problema de la emigración como de “dignidad nacional”.
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El gobierno estadounidense instituyó nuevamente esta ley, la cual restringía la migración asiática.
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El gobierno estadounidense la creó, asumiendo la responsabilidad de defender la frontera hacia personas no autorizadas y la utilización de medidas coercitivas para lograr este fin. Estas medidas en sus inicios fueron más simbólicas ya que estaba conformada por 450 oficiales y controlaban la frontera de México con Estados Unidos y la frontera con Canadá.
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Esta emergencia limitaba la inmigración europea. Aunque ni la Chinese Exclusión Laws ni la Quota Act afectó la inmigración mexicana debido a que estos trabajadores satisfacían la fuerte demanda de empleo en granjas del suroeste e industrias del Medio Este estadounidense, presenciando el surgimiento de barrios mexicanos.
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Entre estos años, el número de aprehensiones de indocumentados aumentó 7 veces, hasta cerca de 30 mil en 1929, año en el que se declaró la entrada ilegal a EUA, un delito menor penalizado con prisión no mayor a un año.
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Se habla de esta era por el clima de gran tensión para los migrantes, puesto que muchos fueron deportados para dar una impresión de seguridad a los nativos estadounidenses ante las consecuencias de la crisis de este mismo año.
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El gobierno de Estados Unidos repatrió a 345,000 mexicanos entre estos años con base a las estadísticas del gobierno mexicano.
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Con la depresión las actitudes de los estadounidenses hacia los inmigrantes mexicanos se endurecieron y se volvieron muy hostiles. A los migrantes se les culpaba de quitarle trabajos a los estadounidenses y de vivir a costa de la asistencia pública.
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Dentro de esta década se vive un período de grandes luchas, se forman sindicatos y se hacen huelgas en las diversas ramas de la producción como respuesta al desempleo de miles de obreros, consecuencia de la Gran Depresión.
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Se forma para la formación de una conciencia política de los trabajadores mexicanos inmigrantes o nacidos en ese país. Asimismo, la migración de mexicanos se reduce en este período.
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Cárdenas establece un programa de repatriación que tenía como propósito canalizar a los migrantes expulsados hacia algunos centros ejidales de producción agropecuaria. Este programa dio como resultado la Ley General de Población expedida el 29 de Agosto la cual planteaba la repatriación de mexicanos para unirse a las tareas del desarrollo nacional.
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Durante este año trabajó en conjunto con el gobierno de México para otorgarles empleos a los braceros. A finales de los años 30s, la comunidad mexicana se dispersó en centros urbanos como los Ángeles, San Antonio, Detroit y Chicago.
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Se firma el programa entre Estados Unidos y México, lo que vuelve abrir las puertas para la migración legal de trabajadores mexicanos. El objetivo no era sustituir la mano de obra Anglo por otra más barata, sino ayudar a los sectores con escasez de trabajadores.
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Aproximadamente 74,600 trabajadores fueron contratados legalmente, mientras que 142,000 braceros indocumentados fueron contratados por los empleadores.
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El número de inmigrantes detenidos llegó a ser superior a 1 millón por primera vez en la historia de Estados Unidos.
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La migración anual de braceros se mostró entre 400,000 y 450,000 trabajadores.
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Esta década se caracterizó por la legalización de su estancia en los Estados Unidos y por el traslado de la familia completa de estos trabajadores. Al mismo tiempo, se da el incremento de flujos de trabajadores indocumentados, como consecuencia del término del Convenio Bracero y de la existencia de una red de relaciones sociales. En México, la crisis agrícola y agraria fue por el modelo de desarrollo “estabilizador” que privilegió la acumulación de capital en deterioro del sector agrícola.
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El fin de este programa contra la voluntad del gobierno mexicano y las nuevas medidas de control de la inmigración en Estados Unidos provocó implicaciones negativas. Aunque el gobierno estadounidense considera un delito estar ilegalmente dentro de Estados Unidos, no castigan a quienes contratan trabajadores indocumentados.
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Comienza esta era, donde los migrantes siguen cubriendo la demanda laboral que hay, mientras que los empleadores explotan la mano de obra a bajo costo y sin derechos civiles.
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Algunos estudios indican que dentro de esta etapa, el suroeste y el medio este de Norteamérica experimentaron grandes aumentos de trabajadores mexicanos ilegales.
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Estados Unidos retomó un programa que se prolongó hasta mediados de esa década. Al mismo tiempo, instaló diversos sistemas dentro de la frontera ocasionando un aumento en las detenciones.
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Se establece una legislación que limitó la inmigración a 20,000 entradas anuales por país. Como consecuencia directa, aumentaron los inmigrantes mexicanos ilegales.
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Su creación permitió un enfoque especializado en la problemática de la migración, lo que mejoró los sistemas de atención, seguimiento y solución de dicha problemática.
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Congreso estadounidense aprobó dicha enmienda, la cual regularizó a miles de trabajadores indocumentados, con el objetivo de generar mejores condiciones para los mexicanos que radicaban en ese país.
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Comienza con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la inmigración, provocando que las leyes en contra de los mexicanos sean más duras y la vigilancia toma fuerza en los principales lugares donde cruzan los mexicanos.
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En esta misma etapa miles de mexicanos logran cambiar su estatus legal de indocumentado a naturalizado estadounidense y de esta manera gozar de los beneficios que brindaba Estados Unidos.