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Promulgación de la Constitución de 1917.
Con esta promulgación sería necesaria la reforma administrativa para alcanzar los ideales revolucionarios; con ello , se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos. -
Integración de las entidades paraestatales.
A partir de los años veinte se integraron las entidades paraestatales de forma más activa en sus diferentes formas: organismos descentralizados, empresa paraestatal o fideicomisos púbicos. -
Designación de la Secretaria de Hacienda como unidad autónoma.
La Secretaría de Hacienda es asignada como unidad autónoma para la elaboración del Presupuesto de la Federación, incluyendo "estudios sobre la organización administrativa, coordinar actividades y sistemas de trabajo para lograr eficiencia en los servicios Públicos". (Morales, 2004:#): -
Publicación de la Ley de Secretaría y Departamentos de Estados.
Con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, se publica la Ley de Secretarías y Departamentos, que establece a la Administración Pública como pilar para el desarrollo del capitalismo impulsando la actividad económica y la eficiencia en el servicio público. -
Reforma de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado.
Con Adolfo López Mateos, se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en la cual se introduce la Secretaría de la Presidencia para formular los objetivos y procedimientos de la planeación económica y social del país. para siguientes gobiernos, ésta fue la base de la programación-planeación. -
Creación de la Comisión de Administración Pública (CAP)
En la reforma administrativa integral es creada la Comisión de Administración Pública (CAP), que tiene como objetivo la eficiencia en el proceso de desarrollo económico y social, establecer técnicas de organización administrativa y preparación del personal gubernamental. -
Modernización Administrativa.
En 1971 se crearon la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos, que sustituyeron a la CAP, y quedaron a cargo de las actividades en materia de reforma administrativa; a esta fase se le conoce como "modernización administrativa" que se volverá permanente y que busca la participación de los servicios públicos y la población. -
Decreto de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con el gobierno de José López Portillo, en medio de la crisis económica y social, propone tres vías de acción: la alianza para la producción, la reforma política y la reforma administrativa. Esta última deroga la ley de Secretarías y Departamentos de Estado y decreta la Ley Orgánica de la APF, la cual contiene el primer intento sobre la regulación en materia de organización y funcionamiento de la APF. -
Decreto del Programa de Administración Pública.
Se decretó el Programa de Administración Pública (1995-2000) que contiene dos grandes objetivos: a) transformar la Administración Púbica en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio; b) combatir la corrupción y la impunidad. Las acciones de modernización implementadas durante este periodo permitieron sentar las bases de nuevos valores y conductas de la administración moderna en las instituciones públicas. -
Reforzamiento de la Administración Pública.
En el año 2000 se refuerza la esencia de la Administración Pública: mejorar la capacidad de los servidores públicos, desarrollar una eficaz y eficiente administración financiera; promover la innovación permanente, e impulsar las tecnologías de la información y comunicación. -
Manuales Administrativos de Aplicación General.
Entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, y de la Función Pública, determinaron una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución y, al mismo tiempo, homologar los procesos y la eficiencia de la Administración Pública Federal, por lo que se elaboraron los llamados Manuales Administrativos de Aplicación General. -
Homologación de procesos.
Ademas de los Manuales Administrativos de Aplicación General, decretados en 2010, también se emite un acuerdo presidencial para eliminar las normas administrativas innecesarias y homologar la operación de los procesos de adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la información, transparencia, auditoria y control.
